La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, expuso su teoría del caso durante el inicio de la audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada contra Danilo V., Pablo C. y Dany C.
Fiscalía presentó como autores directos de esta infracción a los tres procesados, quienes se encuentran privados de la libertad, mientras que el exasambleísta Eliseo A. y el exsubdirector del Servicio Nacional de Contratación de Obras (Secob), Jorge J., no han podido ser ubicados por las autoridades y se encuentran prófugos.
La doctora Salazar señaló, en su intervención, que Fiscalía probará que –entre los años 2019 y 2020, en Pichincha y Manabí–
se consolidó una estructura organizada liderada por los exlegisladores Daniel M. y Eliseo A., los exdirectivos de Secob, Edmundo T. y Jorge J., y once personas más, que coordinaron acciones para beneficiarse de recursos del Estado, destinados a la construcción del Hospital de Pedernales.
Agregó que dicha organización contaba con líderes que eran funcionarios de elección popular y que designaban autoridades en puestos estratégicos como el Secob para lograr su objetivo dentro de la estructura ilícita.
Pablo C. y Dany C. fueron parte de la comisión técnica que viabilizó la asignación del contrato de construcción del Hospital de Pedernales al Consorcio Pedernales Manabí, quienes, vulnerando la normativa legal de contratación pública, cumplieron el propósito, no de funcionarios públicos, sino de la organización criminal; mientras que Danilo V. efectivizó quince cheques por un valor de 217.350 dólares.
Durante esta jornada, Fiscalía presentó seis testigos y tres peritos, quienes confirmaron –a través de su testimonio– la teoría del caso planteada por la Fiscal General.
Uno de los peritos en informática forense señaló que logró materializar archivos de una computadora incautada durante las primeras diligencias efectuadas en este caso y que uno de esos documentos daba cuenta del detalle del dinero cobrado a través de la efectivización de cheques, cobrados en una agencia de BanEcuador, para ser entregados a personas ajenas al Consorcio.
Al final de la jornada, otro de los peritos manifestó que su análisis concluyó que, en el proceso de adjudicación de la obra se incumplieron varios parámetros establecidos en la normativa de contratación pública.
La diligencia fue suspendida a las 19:00 y continuará este miércoles 31 de marzo, a las 14:00.
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