La Contraloría aprobó la auditoría de gestión a la repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas. Los auditores alertan que no se alcanzó el funcionamiento esperado del complejo refinador debido a la ausencia de planificación técnica y económica, ocasionando que la inversión no sea eficiente.
Durante el examen se analizaron las operaciones efectuadas desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018, en torno a tres aspectos: la eficiencia en el uso de los recursos, la operatividad de las unidades luego de la intervención y las condiciones ambientales.
En 2006, Petroecuador estableció el costo de la intervención en USD 127’053.207,17. Sin embargo, hasta 2018 se desembolsaron USD 2.304’967.343 y el complejo no funciona a toda capacidad. Esto ocurrió porque no se definió el alcance técnico integral, sustentado en ingenierías definitivas, previo a la contratación del proyecto.
En el camino se efectuaron otras obras, que modificaron las estructuras existentes y requirieron nuevos trabajos que se complementaron a medida que aparecían los requerimientos. Así, el costo de la inversión se incrementó en 1.714 %, con respecto al costo inicial.
Los cambios en el programa de rehabilitación se efectuaron a través de la suscripción de contratos complementarios por USD 836’879.460. La fiscalizadora del proyecto, la estadounidense WorleyParsons, en su informe final, argumentó que el costo se elevó debido a que no se contó con planes de ingeniería integral desarrollados, causando que durante la ejecución se deban contratar nuevos trabajos que no estaban previstos.
A pesar del alcance técnico que tenía el cambio de la unidad de FCC, no se calculó el impacto que tendría sobre otras unidades, como la planta concentradora de gases (GASCON), planta Merox y Aminas, aguas amargas y unidades de no catalíticas I y II. En estos elementos fue necesario realizar ingenierías complementarias debido al incremento de capacidad de FCC.
Otros sistemas afectados por la falta de estudios completos y definitivos fueron el eléctrico y de distribución eléctrica. La repotenciación elevó las exigencias del proceso refinador. Para solventarlas, se realizaron trabajos parciales conforme aparecían los imprevistos, pero fueron insuficientes ante el incremento de la demanda.
Administrativamente, las operaciones se consumaron a través de la suscripción de contratos complementarios, órdenes de trabajo adicionales por incremento de cantidades y creación de rubros nuevos y mediante convenios de pago. Así, se canalizaron recursos, adicionales a los establecidos en los contratos principales, para los programas de rehabilitación y sostenimiento por USD 836’879.460.
En 13 contratos del programa de repotenciación los costos se incrementaron en USD 325’918.689, que representa el 1.472 %. En cambio, 15 contratos del programa de sostenimiento presentaron incrementos significativos por USD 510’960.770. Los administradores de Petroecuador utilizaron de forma recurrente la figura de régimen especial por giro específico de negocio, pero la documentación no contiene argumentos suficientes que justifiquen la aplicación de esa modalidad en el 66 % de las adjudicaciones.
De esta manera, se seleccionó y adjudicó directamente recursos por USD 1.517’406.542 sin argumentar la evasión del régimen común de contratación. Se vulneraron los principios de igualdad y transparencia, primordiales en la administración pública y no se precauteló el interés del Estado, pues los contratistas no garantizaron la calidad de los trabajos, ni sus ofertas representaron las mejores condiciones económicas. Solo en el 5 % de las contrataciones se llamó a licitación.
La escasa competitividad técnica y económica de los procesos de contratación, a excepción de los celebrados con los fabricantes o licenciantes, promovió sobrecostos y que el 41 % de las contrataciones no concluyan. A la fecha de corte del examen (31 de diciembre de 2018) se encuentran en proceso de terminación por incumplimientos contractuales, aun en ejecución o suspendidos. De esta manera, USD 946’649.378 no cumplieron el objetivo para el cual fueron asignados.
El manejo ineficiente y la ausencia de rendición de cuentas caracterizaron la repotenciación del complejo petroquímico. Hasta finales de 2018 Petroecuador no tenía constancia del costo total del programa. La auditoría señala que, de 2015 a 2017, los gerentes generales de Petroecuador y de Refinación no revelaron en los informes anuales de gestión el precio de los proyectos del programa de sostenimiento, valorados en USD 1’100.095.567 y que son parte de los trabajos complementarios del proyecto de rehabilitación.
En este contexto, las intenciones de recuperar la integridad mecánica y continuidad operativa al 100 no se cumplieron. Entre 2016 y 2018 la refinería no trabajó de forma continua y sostenida y los indicadores mostraron una tendencia a la declinación operativa, que en 2018 llegó al 88 %.
La empresa pública Petroecuador no aplicó un proceso de gestión de la calidad para proyectos, que evalúe las implementaciones y el cumplimiento de los objetivos, identificando y registrando las causas que impidieron alcanzar las metas.
Si bien, en 2016 las unidades intervenidas elevaron su eficiencia hasta en 47 %, la mejora no mantuvo una operación permanente. La refinería presenta indicadores operativos poco estables y en algunos casos se sitúan en los niveles previos a la repotenciación.
La gestión ambiental también es ineficiente. La terminación anticipada de contratos para el manejo de desechos peligrosos ocasionó que se acumulen y almacenen en áreas y en condiciones que no cumplen la normativa ambiental. Además, las emisiones a la atmósfera superan los límites permitidos, poniendo el riesgo el bienestar de las personas y los ecosistemas aledaños a la refinería.
Las deficiencias en los estudios, planos y diseños son rasgos característicos en los proyectos iniciados por Petroecuador. En la refinería la inversión superior a los USD 2 mil millones no cumple con los objetivos que se plantearon debido a la ausencia de planes integrales y permanentes de monitoreo y mantenimiento, un aspecto que la Contraloría ha señalado en sus conclusiones, de las cuales derivaron recomendaciones que deben implementarse inmediatamente para remediar las deficiencias FUENTE: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
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