La Contraloría aprobó el informe general, del examen a las operaciones administrativas y financieras ejecutadas durante el proceso de liquidación de la compañía Holdingdine S.A., encargada de gestionar financieramente los activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).
Auditoría identificó que la compañía realizó inversiones prohibidas para compañías en liquidación, utilizando recursos obtenidos de la precancelación de inversiones en el sistema financiero, valoradas en USD 38’531.234. La terminación anticipada de las pólizas provocó pérdidas a la entidad por USD 935.404, debido a los intereses que dejó de percibir.
Los recursos recuperados se transfirieron a la casa de valores ACCIVAL y por intermedio de esta, a la consultora Southern Cross Capital Markets Sccmakets S.A, que gestionó 16 contratos de asesoría en administración de portafolio de terceros. A través de este instrumento se entregaron desde USD 200 mil hasta USD 12’125.307. Auditoría determinó que los contratos no cuentan con información expresa sobre las empresas y personas beneficiarias de la inversión. Solo consta el monto y condiciones de la operación.
Sccmarkets tampoco entregó información sobre los valores, mercados, emisores y condiciones de inversión, para que Holdingdine S.A. tome decisiones acertadas en la colocación de activos dinerarios. La consultora realizó estas inversiones, aunque no cuenta con autorización para realizar intermediación de valores y banca de inversión, actividad privativa de las casas de valores.
En cuanto a la contratación por USD 513.200 de servicios jurídicos para la recuperación de la cartera de inversiones, auditoría estableció que se suscribieron actas de mediación con los deudores sin sustento técnico y sin identificar condiciones beneficiosas para la entidad. También constan actas transaccionales con ampliaciones de plazo, aunque los compromisos estaban vencidos.
El examen también estableció que la Dirección Metropolitana de Catastro, del Distrito Metropolitano de Quito, actualizó las características constructivas de un predio propiedad de Holdingdine, sin autorización de la empresa, ocasionando la disminución del valor del bien en USD 502.419. Finalmente, el inmueble se remató en función del costo actualizado, aunque el liquidador no solicitó a la unidad catastral los justificativos de la reducción del valor.
FUENTE: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO