}Fiscalía procesó a cinco personas, presuntas integrantes de una organización delictiva encargada de ejecutar secuestros y robos al interior de vehículos, aparentando prestar servicio en la modalidad de “taxi amigo”, cuyo sector de operaciones sería el centro de Guayaquil.
En la audiencia de formulación de cargos de la tarde del martes 10 de noviembre de 2020, en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Eduardo Díaz Zambrano, presentó como elementos de convicción: los informes investigativos y de reconocimiento del lugar de los hechos, elaborados por la Unidad Antisecuestro (Unase) y la Dirección de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) de la Policía Nacional.
También, los informes de vigilancia, seguimiento e interceptación de llamadas, efectuados con disposición y autorización de autoridad competente; la denuncia reservada presentada en Fiscalía por parte de la perjudicada, además de las evidencias incautadas en los allanamientos ejecutados por varios agentes fiscales en Guayaquil, que se encuentran en cadena de custodia.
El juez de Garantías Penales, Luis Tapia Chacón, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Ricardo Javier L. P., Joe Alexander G. C. y Jimmy German T. A., mientras que emitió medidas cautelares de presentación ante la autoridad y prohibición de salida del país para Héctor Moisés T. R.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Contexto
Fiscalía inició un proceso investigativo el pasado 10 de julio de 2020, luego de que una funcionaria de la Fiscalía del Guayas denunciara el robo y secuestro del que fue víctima por parte de un sujeto que ofrecía servicio de taxi, que la recogió en los exteriores del edificio Fiscalía La Merced.
El ahora procesado la trasladó al norte de Guayaquil y en el trayecto recogió a otras dos personas, que procedieron a inmovilizarla, para robarle 200 dólares en efectivo, tarjetas de créditos, documentos de identidad y su teléfono celular.
En el transcurso de las investigaciones, la Policía Judicial rastreó el celular robado y, con ello, se armó un operativo de ubicación y captura de las tres personas que intervinieron en el hecho, además de una cuarta, que habría intervenido en la venta de los artículos robados.
Dato jurídico
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asociación ilícita con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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