El procesado habría violentado sexualmente a un adolescente, a cambio de dinero y otros bienes, durante 4 meses, llevándolo con falsas promesas hasta su domicilio, donde consumaba sus actos sexuales.
Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de 21 años con 4 meses de pena privativa de libertad en contra de un ciudadano, hallado culpable de prostituir a un adolescente de catorce años de edad, hecho suscitado en 2018, en Guayaquil.
El fiscal de la Unidad de Gestión de Audiencias Darwin Muñoz Mora, en audiencia de juicio realizada en la Unidad Judicial Albán Borja, presentó, entre otras, pruebas testimoniales, documentales y periciales con las que demostró la existencia del delito y la participación del procesado.
Fiscalía presentó el testimonio de ocho personas, entre agentes aprehensores, investigadores, peritos médicos y psicólogos, y el denunciante del hecho.
Además, expuso los informes médico-legal y psicológico, el testimonio anticipado de la víctima y, como prueba documental, los informes de inspección ocular técnica y el reconocimiento del lugar.
Tras valorar los elementos probatorios presentados, el Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Diógenes Cueva, Edwin Logroño y Francisco Flores, dictó sentencia condenatoria en contra del ciudadano José Miguel C. P., como autor directo del delito de prostitución forzada.
Además, deberá cancelar una multa de 300 salarios básicos unificados y 20.000 dólares como reparación integral a favor de la víctima. Asimismo, se le suspendieron sus derechos de ciudadanía hasta que cumpla con la pena impuesta.
Contexto del caso
La Fiscalía del Guayas inició un proceso investigativo por un presunto delito de prostitución forzada, el 19 de junio de 2019, tras recibir una denuncia del director de una casa de acogida ubicada en el norte de Guayaquil.
En ella se indicaba que uno de los adolescentes que se encontraba bajo su custodia, de catorce años de edad, habría sido abusado sexualmente por un ciudadano.
Información jurídica
La Fiscalía procesó este delito con base en lo que dispone el artículo 101, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, más las agravantes dispuestas en el artículo 47, numeral 11, del mismo cuerpo legal, que incrementa la pena hasta en un tercio.
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