Contraloría analizó el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Quito, su operación, mejoras y mantenimiento a cargo de Quiport S.A. El informe señala deficiencias en los equipos y sistemas de seguridad e incumplimiento de compromisos por parte del concesionario.
Como parte de sus obligaciones contractuales, Quiport tenía la obligación de aportar USD 10 millones para el financiamiento de los dispositivos de seguridad, en sustitución de la contribución que, por el mismo valor, tenía que efectuar para la construcción de la autopista de acceso al aeropuerto.
Para corroborar el cumplimiento de este compromiso, la concesionaria debió enviar copias de los acuerdos de suministros luego de su suscripción y las facturas que evidencien los pagos. Sin embargo, los auditores señalan que las facturas remitidas por Quiport no evidencian el detalle, cantidad y especificaciones técnicas. Tampoco realizó la transferencia de USD 10 millones a la cuenta respectiva, desde la cual se debían realizar estas transacciones.
Además, la revisión de los mantenimientos correctivos evidenció fallas continuas en los detectores de explosivos y tomógrafos, debido a que los generadores de rayos X se quemaron y debieron reemplazarse. Durante el periodo auditado se cambiaron 118 generadores por USD 5’310.000, lo que ocasionó de 4 a 6 horas de paralización de los equipos.
A pesar de los problemas, no se determinó si los reemplazos estaban dentro del rango de operación y vida útil indicada por el fabricante, o si los cambios recurrentes se debieron a afectaciones externas u otros factores.
Durante el examen no se halló evidencia del otorgamiento de las licencias de los instrumentos de rayos X, permisos y autorizaciones en materia de seguridad radiológica, regulados por la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN).
También se identificó que los dispositivos superan los 8 años de funcionamiento y no se cuenta con información sobre el tiempo de vida útil, vigencia tecnológica, renovación y tiempo de operación permitido.
En cuanto al circuito cerrado de televisión, persistieron problemas como pérdidas de videos de las cámaras, errores al ubicar posiciones cuando se activaron alarmas de control de accesos o botones de pánico, cámaras que apuntan a paredes, techos, y pisos, problemas para revisar videos, saltos en las grabaciones, cámaras obstruidas por letreros, falta de calidad en los enfoques, etc.
Estas novedades se pusieron en conocimiento del alcalde de la ciudad en 2016, pero no gestionó acciones para solucionar las deficiencias, a fin de garantizar que la administración de la terminal aérea sea eficiente.
Por su parte, el gerente general de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales no exigió a Quiport la entrega oportuna de los equipos y sistemas de seguridad, ni inició acciones que garanticen el cumplimiento del contrato, así como la inversión de USD 10 millones.
En otros aspectos de la administración del aeropuerto, se identificó que el alcalde y el gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad Aeroportuaria, EMPSA, no enmendaron el contrato de concesión con respecto a los parámetros de medición de los niveles de servicio, concordantes con lo establecido por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, en la décima edición del Manual de Referencia de Desarrollo Aeroportuario. Tampoco se controló, verificó y validó el cumplimiento de los niveles de servicio.
El examen especial fue ejecutado por la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Autónomos. El informe final se aprobó el 23 de enero de 2020.
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