Como presunto responsable del delito de robo con resultado de muerte, Luis Miguel T. S., de 30 años, quedó con prisión preventiva y –para investigarlo a profundidad– se inició una instrucción fiscal de noventa días.
El ciudadano –detenido la tarde del 24 de septiembre de 2020– confesó haber terminado con la vida a Manuel Peralvo, hombre de 77 años que fue reportado como desaparecido el 18 de septiembre de 2020.
Ante la jueza Johanna Palacios, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad de Flagrancia (Patria), la tarde de este 25 de septiembre.
Bolívar Burbano, fiscal especializado en Personas Desaparecidas, presentó los siguientes elementos de convicción: informes investigativos del caso, versiones, análisis de videos, fotografías y de llamadas telefónicas, acta de levantamiento del cadáver e informe de autopsia, cuyo resultado confirma que la causa de muerte de Manuel Peralvo fue por golpes en la cabeza.
El hallazgo del cadáver fue alertado a la Policía por los habitantes de San Antonio de Pichincha, al norte de Quito, la tarde del 23 de septiembre: estaba maniatado y envuelto en fundas de basura.
Al encontrarse el cadáver, Fiscalía y Policía localizaron el domicilio de la madre del actual procesado, ubicado en el mismo barrio, para aprehender al sospechoso. Esto se logró tras develarse que la última llamada que recibió la víctima, fue del actual procesado.
Luis Miguel T. S. confesó haber llamado al teléfono de la víctima para contratar una carrera. Después de quitarle la vida (a golpes, con una tabla en la cabeza) y guardar en la casa de su progenitora por cuatro días su cadáver, se deshizo del cuerpo y vendió la camioneta en 800 dólares, en un parqueadero ubicado en el sector de San Roque, centro de Quito.
Este relato del caso fue expuesto por el fiscal durante la audiencia, con lo que se consiguió mantener al procesado en prisión preventiva.
Dato judicial
El delito de robo con resultado de muerte está tipificado en el artículo 189, inciso sexto, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
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