El juez nacional Marco Rodríguez sustituyó –por mandato legal– la prisión preventiva por arresto domiciliario, colocación de grillete electrónico y prohibición de salida del país para el procesado Edmundo T., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), mientras que para Ángel A. ratificó la prisión preventiva.
Ambos son procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y presentaron una audiencia de revisión de medidas, que se desarrolló esta mañana en la Corte Nacional de Justicia.
La investigación de Fiscalía los señala, junto a diecisiete personas, como parte de una presunta estructura de corrupción, que habría operado en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales.
En su intervención, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, señaló que en el caso de Ángel A. no se ha desvanecido su responsabilidad penal, por lo que solicitó se rechace la pretensión solicitar revocatoria de la prisión preventiva, ya que, por su intervención, la estructura de corrupción consiguió un beneficio económico. El procesado habría participado en la adjudicación de un contrato por un monto de 16´500.000 dólares y, gracias a su participación, se habría pagado un anticipo de 8´214.756 dólares, produciéndose un grave perjuicio al Estado.
En cuanto a Edmundo T., la Fiscal General del Estado señaló que, al haber cumplido 65 años de edad, el procesado se ubica dentro de la población de atención prioritaria (tercera edad), por lo que Fiscalía –respetuosa de la normativa legal y constitucional– no se opuso a la solicitud de sustitución de medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, solicitó el uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país, con el fin de garantizar su comparecencia en las demás etapas procesales.
El Magistrado acogió el pedido de Fiscalía y señaló que la situación del procesado Edmundo T. varió al pertenecer al grupo de atención prioritaria, contemplado dentro de la Constitución de la República, en sus artículos 51 y 38; y en el artículo 537 del Código orgánico Integral Penal (COIP).
El juez Rodríguez, además, ordenó su vigilancia periódica, cada ocho días.
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