Con 126 votos afirmativos, el Parlamento, en la sesión 679, condenó la pesca no sostenible, ilegal, no declarada y no reglamentada, realizada por buques extranjeros entre la zona económica exclusiva de Ecuador continental y la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos, cerca de la Reserva Marina de las Islas, patrimonio natural de la humanidad, atentando contra especies en peligro de extinción y toda la biodiversidad marina presente en la zona.
Además, encargó a la Comisión de Relaciones Internacionales el seguimiento de cumplimiento de esta resolución; que convoque a las autoridades de Acuicultura, Cancillería, Defensa, Armada, Consejo de Gobierno de Galápagos, Centro de Inteligencia Estratégica y elabore un informe en el plazo de 45 días para análisis del Pleno de la Legislatura.
La mesa, también, realizará un análisis de las consecuencias nacionales e internacionales que implica la pesca que realizan más de 260 buques extranjeros, en los límites de la Zona Económica Exclusiva de las Islas Galápagos, así como las acciones a nivel internacional que el Ecuador debe realizar de manera inmediata para evitar que este tipo de actividades continúen.
Protección de riqueza marina
La propuesta fue expuesta por la asambleísta Dallyana Passailaigue, quien indicó que cada año una flota de buques de bandera China se acerca a la zona exclusiva económica y capturan especies marinas de manera masiva e ilegal, agotando las poblaciones de peces y destruyendo los hábitat.
Manifestó que su propuesta se orienta a proteger la riqueza natural de Galápagos, el empleo del sector pesquero y el medio ambiente, tras precisar que existe falta de voluntad y acción política de parte del Gobierno ante esta grave situación.
Contenido de resolución
En el documento, la Asamblea, entre otros puntos, condena la tardía actuación diplomática y política de las autoridades del Ecuador para investigar la presencia de buques extranjeros cerca de la Reserva Marina de Galápagos y la falta de diligencias que permitan conocer si la conservación marina y la utilización sustentable de la biodiversidad, se la realiza respetando los principios de conservación marina contemplados en la Constitución de 2008, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), y otros acuerdos internacionales.
Solicita que, de forma inmediata y prioritaria, las autoridades correspondientes, especialmente la Armada, la Fiscalía General y la Procuraduría, inicien investigaciones para determinar si existen procesos de pesca ilegal que pudieron realizar buques extranjeros, que atentan hacia las especies marinas que se encuentran cerca de la Zona Económica Exclusiva y de la Reserva Marina Galápagos, e informen a esta Asamblea sobre los resultados de dichas investigaciones y las medidas y procesos judiciales y administrativas iniciadas, acorde al Derecho ecuatoriano e Internacional.
Igualmente que, de forma prioritaria, el Ministro de Defensa remita a la Presidencia de la Asamblea todo estudio e investigación que se haya realizado para sustentar la ampliación de la plataforma del Ecuador continental y la plataforma insular de Galápagos, más allá de las 200 millas marinas y la ampliación las plataformas submarinas de Colón, Cocos y Carnegie.
Se exhorta al Presidente de la República lidere la vigencia de un nuevo tratado o convenio internacional para que los países de la región y del mundo cuenten con un marco normativo actualizado respecto de la conservación marina, y obligatoriedad de actividades sustentables para la pesca y sus respectivas sanciones; que la Cancillería impulse una mesa de diálogo y negociación con China para detener de forma inmediata la pesca no sostenible que se está realizando y el retiro de la flota pesquera del sector.
Se sugiere al Parlamento Andino la elaboración de una ley marco para cooperación regional entre Colombia, Perú y Ecuador para proteger el corredor marino y evitar la penetración de embarcaciones extranjeras que no cuenten con los permisos respectivos para la pesca sustentable.
Posturas de legisladores
En el debate de la resolución, los parlamentarios, de manera firme, hablaron de proteger la soberanía del país y Galápagos, a fin de frenar, de una vez por todas, la depredación de la riqueza marina cerca de nuestra Zona Económica Exclusiva.
Se pronunciaron por impulsar acuerdos regionales para regular la pesca en Alta Mar y que el tema se eleve a conocimiento y decisión de Naciones Unidas y la Comisión Permamente del Pacífico Sur.
Comentaron que cada barco tiene la capacidad de llevar 100 mil anzuelos, lo que multiplicado por 280 embarcaciones significa 28 millones de anzuelos, que arrasan con las especies migratorias, amenazadas y en peligro de extinción.
Por último, expresaron la preocupación sobre el plazo de dos años (hasta 2022) que tiene el Estado para presentar estudios sobre la ampliación de las 200 millas, en cumplimiento de la disposición de la Convemar, para cuyo efecto se requiere nueva tecnología y especialmente la adquisión de un buque, para un mejor control de la zona.
MG/cz
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