La Fiscalía del Guayas procesó a cinco personas que estarían involucradas en una presunta organización delictiva que comercializaba insumos médicos con sobreprecio al hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo, en el periodo comprendido entre 2015 y 2018, y que habría ocasionado un perjuicio económico a dicha casa de salud por 11’905.000 dólares.
El miércoles 3 de junio, doce agentes fiscales y personal de la Policía Judicial ejecutaron operativos en los sectores La Garzota, Puerto Santa Ana, Vernaza Norte, en Guayaquil, y urbanizaciones privadas en las vías a Daule, Samborondón y Salinas, en donde fueron detenidas, con órdenes giradas por autoridad competente, cinco personas, entre exfuncionarios del Hospital y representantes de casas comerciales dedicadas a esta actividad.
Los detenidos fueron trasladados y puestos a las órdenes de las autoridades judiciales a la espera de la audiencia de formulación de cargos, que se realizó en la Unidad Judicial Cuartel Modelo desde las 22:30 del miércoles 3 hasta la 01h30 del jueves 4 de junio del año en curso.
Durante la diligencia, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, Segundo Lucas Centeno, presentó los elementos de convicción suficientes para demostrar una presunta participación de los detenidos en el hecho investigado.
Entre estos elementos constaron los partes de detención y las órdenes de allanamientos realizados en Guayaquil, los informes investigativos de la Unidad de Inteligencia Antidelictiva, UIAD-G, los informes de contrataciones entre la entidad de salud y personas naturales y jurídicas, y finalmente el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018. El Fiscal solicitó prisión preventiva para todos los detenidos.
El juez de garantías penales Gustavo Guerra acogió en parte el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para José B. P., Hugo V. F. y Francisco S. J., mientras que para Jeanneth P. O. y Jorge C. B., dictó arresto domiciliario, ya que sus abogados presentaron certificados médicos, por Covid-19, hipertensión arterial y por pertenecer a un grupo vulnerable; dispuso, además, de noventa días para el cierre de la instrucción fiscal.
La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
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