Los hermanos Emerson Raúl C. M. y Ángel C. M. fueron procesados por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Rumiñahui, provincia de Pichincha. El primero fue sentenciado a veintidós años de privación de libertad por el delito de violación cometido contra una niña de 10 años; mientras que el segundo se encuentra prófugo y con orden de captura.
Pruebas irrefutables
El juzgamiento a Emerson Raúl C. M. se instaló y concluyó el jueves 12 de junio de 2020, en el Complejo Judicial Sur (Quitumbe). La fiscal del caso, Silvana Garrido Pazmiño, expuso cerca de diez pruebas testimoniales que demostraron la autoría del acusado en el delito endilgado.
Tres pruebas no dejaron dudas en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, entre estas, la reproducción del testimonio anticipado de la niña, en el que identificó a su padrastro y al hermano de este como sus victimarios; además detalló las múltiples agresiones sexuales y las amenazas de matarla a ella, a su madre y a su hermano menor si contaba los hechos.
La víctima permaneció callada ante el ultimátum de sus agresores. Sin embargo, un día de julio de 2018, el hermano de 8 años –al que le mandaban a la tienda cuando iban a perpetrar el delito– le contó a su madre que su papá y su tío, Emerson Raúl, le hacían “cochinadas” a su hermana mayor.
Este relato también entregó el niño a la perita psicóloga, quien lo reprodujo en el juicio. El niño presenció las agresiones al espiar por la ventana de la “mediagua” donde vivían, en el Valle de los Chillos.
El resultado del cotejamiento de ADN tomado entre las muestras levantadas de la ropa interior de la víctima y las entregadas voluntariamente por Emerson, dieron positivo para líquido seminal. Esta prueba científica fue irrebatible, frente al testimonio entregado por el procesado, en el que negó los hechos.
El procesado, por orden del Tribunal Penal, también deberá cumplir con la reparación integral de 10.000 dólares y con la multa a la administración de justicia de 800 salarios básicos unificados.
Dato de interés
Los delitos que atentan contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes son imprescriptibles en Ecuador, a raíz de su aceptación en la Consulta Popular de febrero de 2018.
