El servicio de justicia se mantiene habilitado, durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Las medidas adoptadas desde el 16 de marzo, han permitido que hasta el 20 de abril se atendieran 35 audiencias de flagrancia, de las cuales 27 se realizaron en salas diferenciadas por videoconferencia para evitar el contacto entre los funcionarios y las partes procesales, previniendo posibles contagios. En la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar se desarrollaron 4 audiencias, en la Unidad Judicial Penal se realizaron 30 audiencias y en la Unidad Judicial Multicompetente Penal 1 audiencia.
Durante la atención se ha aplicado el protocolo de emergencia COVID-19, que ha permitido el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad (uso de mascarilla, guantes, alcohol y gel) limpieza y fumigación continua de las unidades judiciales, además de la restricción del ingreso a personas en las instalaciones.
El MSc. Augusto Pino Villarroel, Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, enfatizó que las acciones ejecutadas por el CJ, a pesar del estado de excepción que rige en el país, demuestra el compromiso de construir un servicio de justicia para la paz social. “Agradezco a todos los funcionarios y servidores judiciales que aportan a la sociedad con su trabajo y entrega en esta difícil época” finalizó.
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