Quito, 11 de noviembre de 2019.- La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, inició con la presentación de elementos de convicción en contra de veinticuatro ciudadanos, para sustentar la acusación respectiva por el presunto delito de cohecho.
Al empezar su intervención, la titular de la Institución aclaró que, con base en el principio de legalidad, al encontrarse un impedimento legal de continuar con la acusación por un concurso real de infracciones en el que estaba incluida la asociación ilícita y el tráfico de influencias, solamente realizará su acusación por el presunto delito de cohecho, tipificado en el artículo 286 del Código Penal, cuerpo legal vigente al momento de la comisión de los hechos, un delito imprescriptible y que puede ser juzgado en ausencia.
Al realizar una descripción clara de los hechos investigados, la fiscal Diana Salazar señaló que la investigación determinó que entre los procesados se formó una estructura integrada por funcionarios públicos, cuyos roles facilitaron la obtención de recursos de manera irregular por parte de empresarios, para el otorgamiento de contratos con el Estado.
Estas adjudicaciones se efectuaban a través de cartas de invitación directas y sus pagos por medio de la modalidad de convenios de pago, figura que en materia de contratación pública no existe.
Hasta el momento, Fiscalía ha presentado veintiséis de los 587 elementos de convicción que anunció al inicio de su intervención. La audiencia quedó suspendida para mañana a las 09:00.
En una primera parte de la diligencia, la jueza Daniella Camacho, luego de haber revisado los argumentos presentados por las partes procesales, declaró la validez procesal de todo lo actuado hasta el momento.
