La Fiscalía General del Estado inició una instrucción fiscal de noventa días a Paola P., Christian G. y Pablo D., por el delito de rebelión. Para los dos primeros se dictó prisión preventiva y para el último, medidas alternativas de prohibición de salida del país y de presentaciones periódicas. Los ciudadanos procesados no podrán movilizar sus cuentas ni enajenar sus bienes.
En la audiencia reservada de formulación de cargos, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, detalló el hecho punible y expuso los elementos de convicción ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, para sustentar el inicio del proceso penal.
Los elementos recabados a través de técnicas especiales de investigación previstas en la Ley y los indicios obtenidos en los allanamientos, permitieron al Fiscal Provincial sustentar su teoría del caso sobre el presunto financiamiento para el cometimiento de los hechos vandálicos sucedidos entre el 2 y 12 de octubre, actos que sobrepasaron el derecho a la resistencia que poseen constitucionalmente todos los ecuatorianos.
Entre los elementos se encuentran las escuchas de llamadas telefónicas entre procesados (realizadas con orden judicial), en las que disponían salir al paro; referían haber recibido un “regalo generoso”, informaban que estaban combatiendo ocho días contra “policías y militares traidores”. “En las escuchas se determinó que tratan de subvertir al pueblo ecuatoriano”, dijo el Magistrado al anunciar su resolución.
A esto se suman los seguimientos efectuados con orden judicial, en los que se determinó que, en estado de excepción, el lugar de encuentro fue la Prefectura de Pichincha.
Además, el Fiscal Provincial detalló lo encontrado en los ocho allanamientos ejecutados la madrugada del 14 de octubre de 2019, durante la ejecución del operativo “Relámpago”, en el cual se levantaron indicios como antorchas, carteles, laptops, registros de pagos, dinero en efectivo, entre otros.
De esta manera, la Fiscalía desvirtuó la teoría de la defensa de los implicados, que alegó que el proceso se trata de una persecución política.
Luego de haber analizado el caso durante cuatro horas, el Magistrado –en su resolución– dijo que la Fiscalía presentó “suficientes elementos de convicción” y ordenó la prisión preventiva de dos de los tres ciudadanos, al igual que las medias alternativas.
Antecedente
Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2019. Tras la adopción de medidas económicas por parte del Gobierno Nacional, se suscitaron una serie de manifestaciones de rechazo y se produjeron actos vandálicos que, además, desconocieron el estado de excepción legalmente decretado, conforme a los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República.
