La mañana de este miércoles, la jueza de Garantías Penales Ana Lucía Cevallos acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dispuso las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal en la Fiscalía para Diego R., Samuel V., Carlos Q., Marcelo C. y Frankie S. (exfuncionarios y funcionarios de Petroecuador), por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias. Para el exgerente de Refinación Carlos P. Y., la Jueza impuso la prisión preventiva ya que al momento se encuentra privado de libertad. Los ciudadanos mencionados habrían participado en la adjudicación irregular de contratos de servicios para la estatal petrolera.
Además, la magistrada dispuso para todos los procesados la prohibición de enajenar bienes hasta por 12 salarios básicos unificados (USD 4.728) con el fin de garantizar una posible multa. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.
El fiscal de la causa, Juan Carlos Zúñiga, presentó 26 elementos de convicción con los cuales sustentó su acusación; entre ellos, las versiones de los investigados y los informes investigativos y periciales en cuyas conclusiones señalan que varios de los contratos analizados presentan irregularidades, sobre todo en relación a la forma de adjudicación, debido a que se suscribieron contratos complementarios sobre la base de contrataciones principales que ya habían concluido su tiempo de ejecución.
La investigación, a cargo del fiscal Zúñiga, inició con un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), entidad que realizó un examen especial a los procesos precontractual, contractual, de ejecución y finiquito con la empresa LEGADOIL S.A., que fueron suscritos para la provisión de servicios, materiales, suministros y repuestos para la Refinería de Esmeraldas y el Complejo Industrial Shushufindi.
El fiscal Zúñiga puntualizó que, con base en las investigaciones, se determinó que los procesos de contratación examinados incumplieron los principios de legalidad y transparencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Asimismo, bajo la responsabilidad de los procesados se suscribieron contratos complementarios en los cuales se incluyeron nuevos trabajos que no estuvieron relacionados con el contrato principal. Añadió también que no descarta la vinculación de otras personas durante la etapa de instrucción fiscal.
Este es un nuevo proceso penal que está involucrado Carlos P. Y., y que podría sumarse a otras cuatro sentencias por peculado, cohecho, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, condenas que ya se encuentra cumpliendo en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.
La Fiscalía investiga este caso con base en lo dispuesto en el artículo 285 que sanciona el tráfico de influencias con pena privativa de libertad de tres a cinco años a los servidores públicos y a las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado (enumeradas en la Constitución de la República), prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, y ejerzan influencia en otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros.
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