En
relación a la información presentada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) relativa a irregularidades en cinco megaproyectos, el
Procurador General del Estado, Dr. Íñigo Salvador, aseguró que en el momento
procesal oportuno no dudará de presentar acusación particular en nombre del
Estado ecuatoriano contra cualquier funcionario de entidad estatal o personero
de empresa privada cuando se encuentren indicios de responsabilidad penal que
pudieran resultar en perjuicio del Estado. “Sería absolutamente improcedente
cualquier intervención de la PGE antes del momento procesal previsto en el
artículo 433, numeral 1 del COIP, esto es en el transcurso de la fase de
instrucción fiscal”, dijo el Procurador.
Sobre su
relación con Refinería del Pacífico (RDP), Salvador precisó que fue contratado
como asesor jurídico externo entre mayo de 2010 y marzo de 2012, cuando ejercía
libremente la abogacía, y que ninguno de los contratos que él revisó es objeto
de informe de Contraloría o investigación de la Fiscalía.
“En todo
caso –concluyó– de llegar a establecerse indicios de responsabilidad contra
personeros de Worley Parsons o de RDP en relación a cualquier contrato, no me
temblará la mano a la hora de acusar”.
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