Manta (Manabí). – En referencia a las manifestaciones efectuadas en la provincia de El Oro esta mañana, dirigida por productores acuícolas ante la acción constitucional de la autorización de administración de 1.572 hectáreas de tierra camaronera, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca aclara que:
El 14 de agosto de 2018 el Ministerio de Acuacultura y Pesca fue notificado por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas dentro del juicio Nro. 0911120140134 , donde se ORDENÓ: “dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial 407-2013 suscrito el 24 de octubre del 2013 por la Subsecretaría de Acuacultura del MAGAP, por lo que se retrotraen las cosas al estado anterior para los fines pertinentes.”
En consecuencia al cumplimiento de la orden de autoridad competente, de RETROTRAER las cosas al estado anterior, (emisión del Acuerdo Ministerial 407-2013), ocasionó la revocatoria de los acuerdos ministeriales que permitían la administración y autorización de la actividad acuícola en 1.572 hectáreas en el Puerto Pitahaya, cantón Arenillas, por parte de la Cooperativa de Producción Acuícola, Agropecuaria, Ecológica, Integral y Sostenible para el Buen Vivir (COODAESVIR) y de la Cooperativa de Producción Agropecuaria del Sur (COOPAS).
La Subsecretaría de Acuacultura, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico ecuatoriano, se ha limitado a cumplir con la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas. El incumplimiento de decisiones legítimas, como la sentencia mencionada, es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.
Aún en obediencia con la disposición de la Corte, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca no ha ordenado el desalojo de las cooperativas COOPAS y COODAESVIR, para aquello se realizará el procedimiento administrativo respectivo donde las partes podrán presentar sus descargos.
El MPCEIP señala que no es la autoridad competente para pronunciarse al respecto de la propiedad de los terrenos y se ha limitado a cumplir con la sentencia.
La autoridad acuícola ha interpuesto Acción Extraordinaria de Protección contra la sentencia de la Corte del Guayas.
El MPCEIP ratifica su voluntad de dialogar con todos los actores de la cadena productiva y sus actividades conexas, en línea con la política gubernamental de buscar consensos para la construcción y aplicación de las políticas sectoriales, así como lo ha venido haciendo con las cooperativas COOPAS y COODAESVIR en las últimas semanas.
Esta cartera de Estado espera mediante el diálogo encontrar soluciones para las familias cuyas condiciones de vida y de trabajo se puedan ver afectadas por la decisión judicial.
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