Este 7 de agosto, Ecuador presentará su primer Informe Voluntario en torno a los avances en la implementación del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, durante la “III Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe”, que se desarrollará en Lima, del 7 al 9 de agosto de 2018.
En representación del país asistirá la subsecretaria de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Magíster Diana Arias, quien expondrá este informe que incluye las prioridades regionales y nacionales en cuanto a población y desarrollo.
En el documento -que fue elaborado con los aportes de la sociedad civil- se evidencian los avances y retos del país en varias temáticas: reducción de pobreza; acceso a salud y educación; cobertura de servicios básicos; equidad de género y salud sexual y reproductiva.
Entre los avances más destacados constan:
· La universalización de la tasa de asistencia a educación general básica e incremento de la tasa de asistencia a bachillerato.
· La Ley Orgánica de Seguridad Social, que garantiza prestaciones para los adultos mayores, tales como: pensión por vejez e invalidez, atención de salud, jubilación, entre otros.
· El incremento en los partos atendidos por personal de salud.
· El cierre de la brecha en todos los niveles de educación por sexo.
· El acceso a los servicios de salud y educación para personas en condición de movilidad humana.
· El incremento en la cobertura de agua por red pública.
Con respecto de los retos, el informe señala, entre otros, los siguientes:
· Disminuir la incidencia de pobreza en la Amazonía, en el área rural y en la población indígena, montubia y afroecuatoriana.
· Reducir el embarazo adolescente.
· Incrementar las tasas de asistencia al bachillerato en el área rural, en población indígena y afroecuatoriana, y en quintiles pobres.
· Reducir la tasa de subempleo en mujeres.
· Incrementar el acceso a servicios básicos en el área rural y en la Amazonía.
· Mejorar las condiciones de vida de los grupos étnicos.
En el informe se concluye que es necesario fortalecer la participación de la sociedad civil para la implementación y monitoreo a las medidas prioritarias recomendadas por el Consenso de Montevideo, con una visión de largo plazo.
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