La presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Johanna Cedeño, resaltó la aprobación de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, no solo porque se dan las pautas para la organización de este territorio, sino porque se garantiza el desarrollo humano, así como el respecto a los derechos de la naturaleza, conforme lo determina el artículo 250 de la Constitución que toma en cuenta aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales.
Mencionó que los gobiernos autónomos descentralizados son los promotores del desarrollo sostenible y del bienestar de la población de la Amazonía y deberán invertir recursos en las áreas que más requiere la población. Los recursos se obtendrán del Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y del Fondo para el Desarrollo Sostenible.
Recordó que los municipios tendrán que priorizar proyectos de saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillado y manejo adecuado de desechos sólidos; mientras que las prefecturas ejecutarán proyectos de fomento productivo y vialidad rural. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales recibirán mayores recursos, con la finalidad de generar su desarrollo.
Johanna Cedeño destacó que, a través de una disposición transitoria, se establece la creación de nuevas universidades en la Amazonía, por tanto, parte de los recursos del fondo común podrían ser utilizados como semilla para el desarrollo de las actividades académicas, investigación, proyectos climáticamente inteligentes, es decir, todas aquellas actividades productivas que propendan al desarrollo integral en materia de turismo ecológico, sustentable y sostenible.
Explicó que en la integración del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica se registra un representante de las nacionalidades y pueblos, así como de los sectores productivos de la circunscripción y de las instituciones de educación superior, quienes podrán tomar decisiones.
En materia laboral, se determina que, preferentemente, al menos el 70 % de mano de obra local pueda ser contratada para actividades que se ejecutan en la Amazonía, en el sector público, privado, economía mixta y sobre aquellos que realizan grandes proyectos de explotación de recursos.
Reiteró que los lineamientos orientadores de la política pública del Plan Integral deberán ser acogidos como parte de las agendas de coordinación zonal e intersectorial. Los planes de desarrollo, ordenamiento y planificación territorial corresponden a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, agregó.
FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR JLVN/eg
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