La comunidad jurídica del país se reunió la tarde de este jueves 19 de julio con el Presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo y los vocales Juan Pablo Albán y Angélica Porras para expresar sus comentarios, observaciones y recomendaciones en el proceso de recuperación de la independencia del sistema de administración de Justicia. El encuentro, que se realizó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, giró en torno a tres temas: la falta de formación de jueces, los parámetros que deben considerarse en el proceso de evaluación de las autoridades judiciales y las condiciones para garantizar la independencia judicial. En este contexto y ante un auditorio con más de un centenar de abogados, el vocal del CJ, Juan Pablo Albán, afirmó que ningún vocal de la institución “va a levantar el teléfono para pedirle nada a ningún operador de justicia (…) Vamos a exigir a nuestros funcionarios que cuando sean víctimas de otros poderes del Estado, los denuncien”.
El doctor Albán aseguró que este ejercicio de escuchar a los usuarios del servicio de justicia es de trascendental importancia y permitirá encontrar soluciones a los problemas que actualmente tiene la Función Judicial. En dos rondas de preguntas, los abogados que llegaron de varias provincias, denunciaron actos de corrupción en la Función Judicial. Aída Espinosa, abogada en libre ejercicio de Quevedo expresó que “los jueces en la provincia son puestos por los políticos de turno para que respondan de acuerdo a sus intereses; emiten sentencias para ordenar la prisión de personas inocentes”.
Quito, 20 de julio de 2018 El Presidente del CJ, Marcelo Merlo, anunció que para darle un tratamiento adecuado a este tipo de casos se implementará un sistema para canalizar las denuncias ciudadanas, procesarlas y judicializarlas, de ser el caso. Otra de las preocupaciones de los profesionales del Derecho estuvo relacionada con los parámetros que se considerarán para la evaluación de jueces y servidores judiciales. Vanesa Aguirre, representante del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal sugirió que se revise el modelo de gestión implementado por el CJ anterior en el que primaba solo la eficiencia. “Se pretendía que los jueces se conviertan en una suerte de autómatas que rellenaban formularios. Se debe dar espacio al juez para equivocarse”, sostuvo.
Ante esta inquietud, la vocal Angélica Porras aseguró que los nuevos procesos de evaluación no tendrán un carácter eficientista sino que se evaluará la calidad de la sentencia”. José Alomía Rodríguez, ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, en cambio, cuestionó el régimen de control disciplinario del Consejo de la Judicatura porque, a su criterio, establece “un clima de persecución al abogado debido a que le faculta al juez y al propio Consejo aplicar sanciones”. El vocal Albán respondió que el Pleno del CJ analiza el mecanismo para examinar la situación de centenares de exfuncionarios judiciales que fueron afectados por la aplicación del error inexcusable. “Estamos levantando los casos en los que se aplicó esa figura no solo en el Consejo de la Judicatura anterior sino en el Transitorio (2011-2013). Una vez determinado el universo de personas, identificaremos qué instituciones del Estado deben involucrarse en una eventual mesa para abordar este problema y fijar mecanismos de reparación”, afirmó. De acuerdo a lo que anunciaron las autoridades del CJ, este tipo de diálogos se reeditarán en todo el país para conocer las opiniones de los abogados en libre ejercicio y de los jueces.
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