La Comisión de Desarrollo Económico incorporará algunos cambios en el proyecto de Ley de Fomento Productivo, confirmó su presidente, Esteban Albornoz. Pondrán un candado para que quienes se beneficien de la remisión de intereses, multas y recargos no puedan acogerse a este beneficio en los próximos 15 años.
La norma prevé esta figura jurídica para obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduanas, Seguro Social y otras, con lo cual se espera recaudar en dos años más de 700 millones de dólares y en el primero 670 millones, según Albornoz.
Estos recursos permitirán dar mayor liquidez al Estado y financiar el presupuesto general. Albornoz aclaró que con esta medida no se está condonando los impuestos o las infracciones, sino que está únicamente liberando los intereses, multas y recargos, como una opción que ayuda a los contribuyentes y al Estado.
También habrá cambios en la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) para dar mayor oportunidad a las provincias que tradicionalmente han sido olvidadas. El Ejecutivo planteó que se libere de este tributo durante 10 años a nuevas inversiones fuera de Quito y Guayaquil, pero los asambleístas creen que debe ser 12 años. En cambio, dentro de estas dos ciudades será de ocho.
Esta exoneración será de 15 años para Manabí y Esmeraldas, que aún se reactivan del terremoto del 2016, mientras que los cantones fronterizos podrían llegar a 20.
Se prevé la inclusión de iniciativas que respondan a las necesidades de la economía popular y solidaria, por ejemplo, se propondrá que se les dé un anticipo en los procesos de contratación con el Estado.
Amplia socialización
Durante ocho sesiones consecutivas la Comisión del Desarrollo Económico recibió 42 comparecencias de ciudadanos, gremios, organizaciones, entidades del Estado, actores públicos y privados, quienes acudieron para pronunciarse sobre el proyecto de Ley para el Fomento Productivo.
Asimismo, receptó 54 oficios con alrededor de 200 observaciones. Después de escuchar a quienes acudieron a la mesa, los parlamentarios debatían los temas planteados o sugeridos, los que tenían consenso se incorporaban en el texto, que lo prepara el equipo asesor.
El trabajo ha sido contra reloj, pero amplio, incluyente y profundo. La iniciativa tienen la calificación de económica urgente, y, por tanto, la Asamblea tiene 30 días para tramitarlo, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con ese plazo, este viernes, en la tarde, se aprobará el informe para primer debate.
LILA/pv
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