El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, adelantó que hasta el 18 de julio recibirán aportes a las reformas a la Ley de Comunicación de los sectores involucrados. Después, iniciarán el debate del articulado, con la inclusión de las propuestas recibidas y de los proyectos remitidos a la Comisión, que son diez, incluido el del Ejecutivo.
Aseguró que el objetivo central de las propuestas es garantizar el derecho a la comunicación e información de las personas, cumplir con los estándares internacionales y principios constitucionales respecto de la comunicación, que debe ser considerada como un derecho ciudadano y no como un servicio, eliminar toda clase de sanción administrativa. Por ello, proponen suprimir la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom.
Jorge Corozo dijo que todos los proyectos que han sido calificados por el Consejo de Administración Legislativa (10) tendrán el mismo tratamiento, es decir, de cada uno se ha extraído la parte sucinta para su análisis.
El titular de la mesa legislativa, mencionó el proyecto presentado por la legisladora Jeannine Cruz que busca garantizar el derecho de los trabajadores de la comunicación y de sus familiares, a propósito de lo que pasó con los periodistas de Diario El Comercio, que fueron secuestrados y asesinados, será debatido por el organismo legislativo.
Recordó que también hay la propuesta de la parlamentaria Marcela Holguín para manetener la Supercom y profesionalizar la comunicación, cubrir vacíos legales existentes en la ley, estableciendo reglas claras que contribuyan a erigir una estructura equilibrada en la que, además, de los actores públicos y privados de las grandes compañías nacionales de comunicación, exista un sector ciudadano empoderado de sus derechos democráticos, con normas claras que permitan proteger a los ciudadanos y a los trabajadores de la comunicación.
Derechos Laborales
El artículo 44 de la Ley Orgánica de Comunicación establece los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación. Este lunes, Roberto Manciati, presidente de la Asociación de Radiodifusión, AER, núcleo de Pichincha, subrayó que la remuneración para los comunicadores se lo efectúa sobre la base de las tablas salariales fijadas por la autoridad competente. Sin embargo, esa decisión afectó a los profesionales, porque, muchas veces, algunos medios prefieren periodistas sin título.
Este tema generó reacciones de los legisladores. Así, el parlamentario Diego García dijo debe existir una clasificación de puestos, porque no es lo mismo un estudiante que un profesional. El trabajo debe estar valorado sobre la base de la capacidad de la persona, capacitación, etc. No está de acuerdo con que se baje el salario básico de los comunicadores y periodistas.
De su lado, Ana Belén Marín aseguró que los profesionales de comunicación son los más sacrificados, explotados y no están bien remunerados.
Precisó que las empresas sostienen que no tienen liquidez para pagar a un profesional y el problema radica en que existen intermediarios entre la operadora que hace el contrato y el que entrega el servicio. Esas operadoras son las que hacen daño. Por ello, dijo que hay que regular los procesos de adjudicación públicos o privados y que se garantice que la comunicación sea desarrollada por profesionales.
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