Quince minutos le tomó a Carlos Ochoa, exsuperintendente de la Información y Comunicación defenderse de las acusaciones que realizaron los asambleístas Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar para pedir la censura del funcionario, por incumplir sus funciones. Ochoa aseguró que su posible censura constituye una condecoración, porque es la prueba de que cumplió la Ley y enfrentó la negativa del poder mediático ante cualquier control.
“Me dirijo desde la tranquilidad que me da la honestidad. De no haber sido citado por peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias, ni por nada ilegal”, fueron las primeras palabras del exfuncionario, quien se dirigió por momentos al “pueblo, a quien se debe” y en otros a los legisladores.
Por el contrario, los parlamentarios consideraron que Ochoa violó la normativa nacional e internacional cuya consecuencia fue atentar contra uno de los principales derechos humanos: el de la libertad de expresión. Villamar, en su intervención, que duró 35 minutos, dijo que hubiera preferido tener un análisis de su defensa y no un ataque a los representantes del pueblo.
Para el parlamentario, Ochoa escribió con sus actos y omisiones una de las más vergonzosas paginas en lo que se refiere a la vigencia plena de la libertad de expresión, dejando a la ciudadanía en la indefención, voces amenazadas y un país obligado a callar. Por eso, enfatizó que no basta con la cesación, sino que como asambleístas deben asegurarse que siga una página de decencia, ética y civismo.
Advirtió que Ochoa abusó de su autoridad, construyendo un modelo restrictivo de derechos, que es malo para la democracia; interpretó la Ley de Comunicación, con lo que sancionó a medios de comunicación; confundió conceptos como el de opinión e información para someter a la ciudadanía a su opinión y se contrapuso a la garantía constitucional de la seguridad jurídica. Según Villamar, el exsuperintendente actuó apasiblemente con unos medios y férreamente con otros.
Además, explicó que esa institución de control se usó así misma para reclamar en contra de medios por opiniones a las que buscó someter y que “su actuar fue más descarado”, porque no solo incumplió con las normas, sino que las fabricó imprimiendo una Ley de Comunicación de bolsillo con un error, cambiando en la disposición transitoria sexta un artículo.
“Ningún servidor público podrá restringir derechos constitucionales” expresó, por su parte, Homero Castanier, quien actuó por Lourdes Cuesta, que no asistió por una prescripción médica. El parlamentario coincidió en que Ochoa violó la Ley y los derechos humanos y que además buscó su propio beneficio.
Aseguró que con la Ley de Comunicación adulterada se sancionó a 106 medios y se gastó más de 80 mil dólares. También recordó que el exfuncionario no respondió por qué permitió con discrecionalidad más de 170 insultos discriminatorios en las sabatinas, como tampoco ha respondido sobre la desproporcionalidad con la que actuó frente a algunos medios de comunicación.
Los asambleístas pidieron que se envíe el expediente a las instancias judiciales correspondientes para que establezcan las responsabilidades penales que se puedan desprender de las actuaciones de Ochoa.
La defensa
Ante las acusaciones realizadas en su contra, Ochoa aseguró que “no hay peor violación a la libertad de expresión que el silencio de las mayorías” y, según él, asumió una responsabilidad: haber sancionado con mano firme y de justicia a quienes creyeron que los medios tienen derecho a denostar a quienes no están de acuerdo con su modelo neoliberal.
Aseguró que es culpable de reducir la violencia en los medios e impedir imágenes dolorosas y grotescas para exacerbar las mas bajas pasiones; culpable de defender los derechos de niñas, niños y adolescentes; de defender los derechos del cholo, indio, negro, mestizo, blanco; a todas las minorías del país; así como de darle oportunidad a músicos y productores ecuatorianos.
Ocho también indicó que se va con el mismo patrimonio con el que llegó y con la frente en alto, porque ha sido fiel con sus principios y convicciones.
LILA/pv
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