Para las 13:00 y 16:00 de este viernes 16 de marzo, están convocadas las Sesiones No. 506 y 507 del Pleno. El objetivo es tratar en segundo debate los proyectos que deroga la Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos; y, la reforma a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para la aplicación de las preguntas 6 y 3 de la Consulta Popular y Referéndum del 4 de febrero de 2018.
Sobre la pregunta 6, que en su anexo contiene un solo artículo, en el que se deroga la denominada Ley de Plusvalía, la comisión especializada creada para operativizar el pronunciamiento popular, aprobó el informe para segundo debate con el apoyo unánime de los legisladores presentes, quienes consideraron que la Asamblea debe cumplir la decisión del pueblo.
El primer debate en el Pleno se desarrolló el pasado 6 de marzo. En esa ocasión Vicente Taiano pidió que se incorpore una explicación para que se aclare que, con la eliminación de la norma, no se derogó ninguna de las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Dicha sugerencia fue incorporada en los considerandos del proyecto, en el que señala que los impuestos por utilidades y plusvalía, descritos en el Cootad, se encuentran en absoluta vigencia dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. También se incluye en los considerandos, que los impuestos por utilidades y plusvalía, descritos en el Código en mención, se encuentran en vigencia dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Según el informe, la Ley de Plusvalía no ha controlado la especulación de las tierras, sino que ha frenado al sector de la construcción, generando desconfianza al momento de invertir.
Consejeros de Participación Ciudadana
La Comisión Ocasional Consulta 2018, presidida por el legislador Daniel Mendoza, aprobó con cinco votos de nueve asambleístas presentes, el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que establece el sistema para la elección de los miembros de este organismo, mediante sufragio universal, directo y secreto, en aplicación del pronunciamiento popular obtenido en la pregunta 3 del Referéndum y Consulta Popular.
El informe recoge varias de las observaciones formuladas por los asambleístas durante el primer debate, entre ellas la territorialización de la elección, de conformidad con las regiones existentes en el país, sin embargo, quedaría en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), establecer los distritos que correspondan para el desarrollo del proceso electoral.
Así mismo, se establecen los requisitos y prohibiciones para la postulación de los aspirantes, sea con el respaldo de organizaciones sociales y/o de manera personal.
Tanto para la inscripción de candidaturas, como para la proclamación de resultados, se garantiza la aplicación de los principios de paridad y equidad de género, como también el derecho de representación de las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuvias, al igual que la participación de los ecuatorianos en movilidad humana, con énfasis en las zonas donde exista mayor incidencia migratoria.
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