Cuatro personas conformaron la Veeduría Ciudadana que vigiló el proceso precontractual LICO-GADML-004-2017 de la regeneración urbana del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loreto (provincia de Orellana), cuyo informe final fue conocido y aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Según los veedores, la comisión técnica encargada del proceso debió declararlo desierto y no adjudicar el contrato al oferente Consorcio Loreto Construcciones, por una serie de irregularidades que detallan en cuanto a la calificación de los 7 postulantes que hubo para la obra. En total se identifican 14 hallazgos en el trámite, entre ellos, que la inobservancia de errores en la presentación de la oferta que presentó el consorcio ganador del proceso. Además, señalan que uno de los socios de esta empresa mantiene una deuda con el Sistema de Rentas Internas (SRI), lo cual contradice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en su artículo 62 señala como una inhabilidad para las entidades contratantes el tener deudas con el Estado o sus instituciones.
En este sentido, señala que Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP), mediante oficio N° SERCOP-CZ2-2017-0979-OF, decide enviar el procedimiento de litación a la Contraloría General del Estado, por evidenciar que el proceso en mención no estuvo acorde a la ley. Por ello, entre una de las recomendaciones de los veedores es que el CPCCS verifique que dicho el expediente de investigación se haya abierto y que el informe que ellos presentaron sirva de insumo para ese examen.
Los integrantes de la Veeduría añadieron que es importante que el CPCCS continúe con el proceso de formación en Loreto, para seguir promoviendo la participación de la ciudadanía. “Es la primera vez que tenemos un proceso de vigilancia como este. Queremos transparentar cada uno de los procesos, ya que son recursos del Estado”, señalaron.
