El día 31 de enero de 2018, el doctor Diego García
Carrión, Procurador General del Estado, ha tomado la decisión personal de
renunciar irrevocablemente al cargo para el que fue posesionado por la Asamblea
Nacional el 5 de febrero de 2015, luego de que el 29 de enero del mismo año, el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizara su designación.
El doctor García ha señalado: “Mi renuncia responde
única y exclusivamente a la decisión personal y familiar de concluir una
importante etapa de servicio público, para retomar la actividad privada y
regresar al libre ejercicio profesional al que dediqué la mayor parte de mi
vida y que interrumpí cuando fui llamado al importante reto de hacerme cargo de
la defensa legal de los intereses del Estado.”
La renuncia se realiza cerca de cumplir 10 años
liderando la defensa jurídica del Ecuador, responsabilidad para la que fue
designado por la Asamblea Constituyente en el año 2008, y luego nombrado
nuevamente por la Asamblea Nacional, el 18 de enero de 2011, después de su
designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana, el 13 de enero de
2011.
De acuerdo a las normas constitucionales y legales
vigentes, como lo prevé el Art. 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
del Estado en concordancia con el Art. 236 de la Constitución de la República,
le corresponde la subrogación del Procurador al Subprocurador General del
Estado, cargo que ocupa el doctor Rafael Parreño Navas desde el mes de mayo del
año 2008.
Al concluir sus funciones, el Dr. García, entrega el
Informe de Gestión 2008-2018 que contiene datos estadísticos sobre los
resultados obtenidos por la defensa del Estado a escala nacional e
internacional, información de los casos relevantes que se han manejado a lo
largo de los 10 años de administración, así como el Informe con la Rendición de
Cuentas 2017.
Desde el año 2008, la PGE enfrentó con éxito y obtuvo
importantes resultados en materia de arbitraje de inversiones, defensa que le
permitió evitar el pago del 83% de los valores reclamados por los
inversionistas, en medio de un Sistema de Solución de Controversias de
Inversión que hoy es cuestionado a nivel mundial.
García señaló que: “La experiencia del Ecuador será
una contribución importante en la discusión de las reformas al Sistema de Solución
de Controversias de Inversión, así como para incorporar estándares de
protección más claros y obligaciones más equilibradas entre inversionistas y el
Estado, en los acuerdos de inversión que el Ecuador pueda suscribir en el
futuro dentro de su política de atracción y promoción de inversiones”.
Como muestra del trabajo coordinado entre
instituciones, la PGE ha liderado el proceso de salida del Ecuador de la lista
de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos
y financiación del terrorismo hecha por el GAFI, para lo cual se elaboró un
Plan de Acción que permitió superar tales deficiencias con la participación de
las autoridades del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (CONCLA),
presidido entonces por el Procurador General del Estado.
Por otra parte, la PGE también ha liderado desde lo
jurídico, una posición crítica frente al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos que busca mejorarlo, respetando las obligaciones internacionales
adquiridas por el Ecuador en virtud de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha
sido recibida en tres ocasiones en los últimos 10 años, dos de ellas por
invitación de la PGE.
Como Procurador General del Estado, Diego García
Carrión, enfrentó una de las más importantes controversias internacionales bajo
el Sistema de Solución de Controversias de Inversión ante el CIADI, el caso
OXY, por una cuantía que superaba los
3.400 millones de dólares, al mismo tiempo que eran notificadas otras
controversias importantes bajo Tratados Bilaterales de Promoción y Protección
de Inversiones (TBI) como fueron las controversias que dieron lugar al inicio
de los arbitrajes de las petroleras Perenco, Burlington y Murphy, originadas en
la aplicación de la Ley 42-2006, que buscó devolver el equilibrio económico
financiero a los contratos de participación para la explotación petrolera en el
Ecuador.
Durante el año 2017, el seguimiento de los procesos
penales dados como consecuencia de actos de corrupción en la administración o
contratación pública en el país, se ha convertido en un eje fundamental de la
actuación de la Procuraduría General del Estado, en el ejercicio del derecho de
la víctima (en este caso el Estado) para presentar acusaciones particulares que
le permitan impulsar una reparación integral de parte de quienes causaron el
daño.
La recuperación de la reparación integral en casos de
corrupción tendrá mayores posibilidades de éxito en la medida en que se vincule
a los procesos penales a las personas jurídicas involucradas en los delitos. En
ese sentido, la PGE propuso los artículos sobre la responsabilidad penal de las
personas jurídicas que fueron incorporados en el COIP estableciendo un hito en
el ordenamiento jurídico ecuatoriano para que, de esta manera, se pueda
vincular, procesar y sancionar a las personas jurídicas.
En el sistema legal ecuatoriano, la acusación
particular no es una exigencia para tener derecho a la reparación integral; no
obstante, la Procuraduría se encuentra impulsando varias acusaciones particulares
que buscan la reparación integral al Estado.
En cuanto a la defensa del Estado en jurisdicción
nacional, los resultados obtenidos son 7 de cada 10 sentencias favorables al Estado ecuatoriano a
lo largo de 10 años. La PGE también ha actuado en defensa de todas las
instituciones del sector público sin distinción de importancia geográfica,
poblacional o económica, menos aún de identificación política.
En su intervención el doctor Diego García Carrión
señaló: “Debo reconocer la profunda satisfacción de haber servido a mi país,
con absoluta responsabilidad y entrega, forjando la consolidación de la
institucionalidad de la Procuraduría General del Estado, como una entidad líder
en el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la vigencia de la constitucionalidad,
el derecho y la ley, en cada una de sus actuaciones en defensa de los intereses
del Ecuador.”
FUENTE:
|
