El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció, el 9 de agosto de 2017, el informe final de la Veeduría Ciudadana conformada para verificar el cumplimiento en la entrega de insumos y servicios de salud sexual y reproductiva en los subcentros de salud del noroccidente en Quito.
La veeduría, integrada por lideresas y líderes de los barrios la Roldós, Carapungo, Llano Grande, Llano Chico, Pisulí, Colinas del Norte, Cotocollao y Cangagua, realizó encuestas y reuniones con actores estatales y comunitarios. Además, de entrevistas a prestadores de servicios de Salud Sexual y Reproductiva.
Durante el desarrollo de la veeduría se realizaron 304 encuestas de las cuales 300 eran válidas; 257 mujeres y 43 hombres; el 57% de los encuestados culminaron la educación secundaria, 21% la educación primaria y el 22% la educación superior.
Del proceso, realizado con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador como parte del convenio de cooperación interinstitucional implementado con el CPCCS, las veedoras concluyeron que el 50% de las y los usuarios, califican como medianamente o nada adecuada la atención brindada por las/os funcionarios en los centros de Salud.
El 60% de la población encuestada se mostró satisfecha con la infraestructura de los centros de salud. En lo referente a instrumentos médicos, un 64% lo considera adecuado o muy adecuado. El 72% de la población encuestada, consideró como adecuada o muy adecuada la limpieza de los centros de salud.
Gladys Pijal, coordinadora de la veeduría, explicó que, de acuerdo con la investigación, aún se evidencia desigualdad contra las mujeres “existe mayor número y frecuencia de usuarias mujeres, esto nos refleja por un lado la poca disposición de los hombres por atención en salud sexual y reproductiva, pero también cómo las mujeres y la sociedad en general continúan asumiendo la responsabilidad sexual”, manifestó.
De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe, el Pleno del CPCCS resolvió socializar y remitir el documento al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Además, dispuso que Brigadas de Transparencia, programa impulsado por el CPCCS con el apoyo de estudiantes universitarios, acompañen la implementación de las recomendaciones de la veeduría y verifiquen el mejoramiento en la calidad del servicio.
Raquel González, presidenta del CPCCS, destacó la importancia del empoderamiento de la ciudadanía para mejorar su calidad de vida, “la salud sexual y reproductiva es un derecho que debe ser prioridad en el sistema de salud, precisamente esa es la esencia de la participación ciudadana, el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro entorno y exigir a nuestras autoridades e instituciones la optimización constante de sus servicios”, expresó.
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