El Juez Multicompetente del Guayas (sede en el cantón Antonio Elizalde (Bucay), resolvió, declarar con lugar la Acción Constitucional de Acceso a la Información Pública, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón, propuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en respaldo a la labor de las veedurías ciudadanas que vigilan la Distribución, Calidad y Facturación del Sistema Integral de Agua Potable; y el Funcionamiento y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua, así como el Reservorio de Agua.
Además, la autoridad competente dispuso la sanción de un mes de sueldo como multa, en contra del alcalde y el procurador síndico del (GAD), en cumplimiento del artículo 23 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).
La denuncia fue presentada luego de que el GAD no atendiera las solicitudes presentadas por las veedurías y que, posteriormente, presentara información parcial a la solicitada.
El artículo 23 de la LOTAIP dispone que: “Los funcionarios de las entidades de la Administración Pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada o falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, según la gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, de la siguiente manera: a)Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario que se halle percibiendo a la fecha de la sanción”.
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