Queridas
ecuatorianas y ecuatorianos:
Los paraísos fiscales se constituyen en uno de los
peores enemigos de nuestras democracias por lo que significan, en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de
transacciones, fomento del crimen
organizado e, incluso, apoyo al terrorismo.
En estos
regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos
titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que
en ellos o a través de ellos se realicen.
A esos
“paraísos” no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores,
los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y
emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus
familias y de la Nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su
responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza –incluso
a veces ilícito- empleando sofisticados métodos de empresas de papel y con el
asesoramiento de grandes firmas de abogados y expertos tributarios. Todo esto no solo genera corrupción, sino que
también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales.
Aunque la evasión y elusión fiscal perjudica a todos
los países, en proporción, los países pobres
son los más perjudicados. En Latinoamérica, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza
si los capitales escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto sobre la
renta que les corresponde.
En nuestro país, en los años 2014 y 2015, salieron a esos
paraísos 3.379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir
íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado.
Sacar la
riqueza de donde se generó y en donde se necesita tanto, es decir, su propio
país, es sencillamente inmoral. Sostener,
como dicen algunos, que “yo puedo hacer con mi plata lo que me da la gana”,
demuestra una total falta de ética y compromiso con la Patria.
La lucha contra
los paraísos fiscales debe trascender toda ideología. Debemos poner fin a
esta economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente
humano, como nos dice el Papa Francisco.
Desde el inicio de nuestro gobierno hemos luchado contra
estos paraísos fiscales. Por ello, impulsamos varias iniciativas legales. Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente
si quienes se encuentran al frente de una Nación o aspiran a representarla en
cualquier dignidad o cargo público, buscan ocultar o sacar del país sus
recursos,
Por eso, en el último informe a la Nación del 24 de
mayo pasado, propuse al país un pacto ético: que todos rechacemos a los
candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Muchos sectores,
incluso algunos opositores, reaccionaron a este llamado y lo aceptaron, pero
como era de esperarse, otros sectores justificaron su amoralidad e incluso
dijeron que era atentar contra su derecho de participación política.
Nadie les impide que desarrollen actividades
empresariales, pero que cumplan su responsabilidad legal y ética de pagar
impuestos; nadie les impide que amen a sus bolsillos, pero si quieren ser
dignatarios o servidores públicos, deben tener como primera obligación ética
amar a la Patria, confiar en ella, invertir en ella.
Llegó el momento de pasar del discurso a los hechos:
en la mañana de hoy, he enviado a la Corte Constitucional un pedido para que,
previo el control de constitucionalidad que debe realizar dicho organismo, el
Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta popular en la que sea el
pueblo, que de manera directa y con su voto, el que se pronuncie sobre la
siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una
dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como
prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos
fiscales?
Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a
partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta
popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el
Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de
adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este
plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier
naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su
incumplimiento será causal de destitución.
Nadie está impedido de ser candidato. Sin
embargo, en el caso de ganar el SI, en el lapso de un año todo dignatario y
funcionario público deberá empezar a creer en su Patria, deshaciéndose de
cualquier empresa off shore o capitales en paraísos fiscales.
Como dice
nuestro querido Pepe Mujica,
ex presidente del Uruguay, "si aman tanto el dinero, que sigan en sus
negocios, pero que no se metan en política".
Esta consulta prácticamente no tiene costo para el
país, pues se la realizará con las elecciones generales de febrero de 2017.
Preparémonos a una campaña feroz en contra de la
consulta, ya que importantes medios de comunicación son de los principales
grupos económicos que mantienen capitales y empresas en paraísos fiscales.
Compatriotas:
Por un mundo
mejor, no a los paraísos fiscales.
#PactoÉticoYA
¡Hasta la
victoria siempre!
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