sábado, 11 de enero de 2014

Acuerdo interinstitucional para mejorar la atención a personas con discapacidad mental

19:37

Los ecuatorianos con algún tipo de enfermedad mental tendrán la posibilidad de ser atendidos de mejor manera y en centros adecuados que les permitan insertarse a la sociedad y a la actividad laboral. De esta forma ya no serían  confinados de por vida en manicomios o lúgubres sanatorios mentales como ocurre hasta ahora.

Este es el objetivo del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para fortalecer el Buen Vivir de las personas con discapacidad mental y sus familias, de la parroquia Rumiñahui, de Santo Domingo de los Tsáchilas, que este jueves 9 de enero firmaron el Consejo de la Judicatura y otras  seis instituciones del Estado.

Este proyecto piloto beneficiará a 45 personas con discapacidad mental moderada y sus familias y se ejecutará en las instalaciones de la Congregación Hermanos Menores Conventuales. La idea es aplicar un modelo socioeconómico y sanitario como alternativa a los centros de cuidado y tratamiento psiquiátrico.

El Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo que es responsabilidad de la Judicatura proteger y garantizar el acceso a la justicia de todos y de todas, sin discriminar a las personas con discapacidad.

Explicó que el tema es complejo por lo que se requiere una mirada completa de todos los actores: de las personas con discapacidad mental, cuya condición puede ser una de las causas de exclusión y abandono, lo que les pone en una situación de  vulnerabilidad. “La Función Judicial debe tener jueces capacitados para cuando se deba dictar medidas de protección a los derechos de las personas con discapacidad”, señaló el titular de la Judicatura.

Indicó que en el tema penal, las personas con discapacidad, según la Constitución, no son imputables de delitos, por tanto si incumplen una ley merecen un tratamiento desde la perspectiva de salud lo que debe ser identificado desde el inicio en una investigación penal.

Señaló que hay quienes cometieron delitos y quieren aprovecharse alegando una discapacidad mental inexistente. “Nuestros administradores de justicia deben tener la capacidad para distinguir lo uno de lo otro”, manifestó.

Destacó el hecho de que este tema, del que antes no se discutía, ahora se convierta en política pública y además de manera coordinada.

En todo el planeta hay 1000 millones de personas con enfermedades mentales y en Ecuador se estima que son 2 millones los afectados con este tipo de patologías. Ellos son ingresados a los llamados manicomios como si fueran a cumplir una especie de cadena perpetua solo porque la sociedad no comprende su enfermedad. Ante esto, el Secretario del Buen Vivir, Freddy Ehlers, explicó que este acuerdo permite iniciar un camino nuevo que “nos llevará a que terminen los hospitales psiquiátricos”. “No podemos hablar del Buen Vivir si 2 millones de ecuatorianos no están debidamente atendidos”, dijo.

Este proyecto cuenta con la asesoría técnica de Italia, donde no existen hospitales psiquiátricos y quienes sufren de enfermedades mentales son atendidas en centros de atención, reciben medicación y se les entrena para integrarse a la vida y al trabajo con resultados extraordinarios.

Científicos del proyecto Prometeo apoyarán esta iniciativa en tres etapas: diagnóstico, rehabilitación y terapia, e inserción social.

Además de la Judicatura, las instituciones que articulan este acuerdo son la Secretaría del Buen Vivir, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; los ministerios de Inclusión Económica y Social; de Salud Pública, Coordinador de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Discapacidades.

 

© 2016 LA PRIMERA.Todos los Derechos Reservados. Diseñado LA PRIMERA

Back To Top