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| Enrique Rosales |
Referente al artículo ‘¡No más contaminación!’, publicado el 16 de abril del 2012, el gerente de Induval S.A. y el titular de la Dirección Provincial de Medio Ambiente de Santa Elena (DPMA), enviaron sendas cartas a EL UNIVERSO para reclamar por “ser falso, muy apartado a la realidad técnica, ambiental y legal”, según DPMA y por “comentarios ajenos a la realidad”, según Induval, que envió copia al gobernador, alcalde, Dirnea, DPMA, Capitanía del Puerto Salinas y a don Joaquín Chiriboga, influyente tío del mandatario que reside en Ballenita y encargado –entre otras funciones– de sugerir la selección y luego la destitución de los gobernadores de la provincia.
En la parte medular del mencionado artículo me refiero al abandono de la comuna Valdivia, siendo Patrimonio Cultural Nacional; a los olores pestilentes que durante más de tres décadas han sufrido los comuneros con el consecuente deterioro de la salud y el daño ambiental; a la multa de 52.000 dólares impuesta por la DPMA no cobrada; a la pretendida intención de Induval de colocar tuberías metálicas desde la planta hacia el mar, autorizada por los órganos controladores; a la reunión interinstitucional local para solucionar este problema, donde se formó una comisión sin resultados concretos, etcétera.
Induval pide que se demuestre el supuesto deterioro de salud de niños y adultos; que los desechos arrojados son materias orgánicas, producto de cocción del pescado y no de sustancias contaminantes porque son efluentes o aguas residuales estipuladas dentro de la norma ambiental; que si las autoridades de control le han dado permiso es porque cumplen los parámetros ambientales con aplicación de tecnología apropiada para remediar posibles impactos; que sobre la multa impuesta por la DPMA la apelaron por fallas en el debido proceso administrativo de juzgamiento; y que ellos han apoyado a la comuna de Valdivia con una batería sanitaria, un paradero de transporte y una computadora con internet para beneficio de los 6.000 habitantes, etcétera. Realmente sorprende el argumento. ¿Acaso no basta con el reclamo airado de padres de familia por la salud de sus hijos? ¿Quieren decir que lo arrojado al estero y al mar huele a rosas? ¿Qué grado de culpa tienen las autoridades de control? ¿El proceso legal planteado por DPMA estuvo mal planteado? ¿Las dádivas concedidas por Induval compensan los daños sanitarios causados durante tres décadas a los habitantes y al medio ambiente?
Por su parte, la DPMA sostiene que han dado el seguimiento respectivo; que realizaron las pruebas de ensayo de aguas residuales tratadas; que los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites máximos permisibles; que, respecto a la multa impuesta, se encuentra en segunda instancia en espera de audiencia; que le han solicitado a Induval la auditoría ambiental de cumplimiento para la obtención de la licencia ambiental; que la reforestación en las riberas del estuario se hizo basada en informes técnicos, etcétera. Si toman muestras de agua residuales cuando la fábrica está parada, es lógico que no estén contaminadas. Da la impresión que otro fue el funcionario que impuso la multa mediante un reporte de ocho páginas detallando las infracciones cometidas y que tengo en mis manos. ¿Su informe no fue contundente? ¿Por eso fue impugnado? ¿Su función es controladora o sancionadora? Porque ninguna es efectiva.
Cuestioné si existía algún padrino influyente, ahora me convenzo. Hace 48 horas líderes comuneros por medio de Facebook comunican que los olores provenientes de la fábrica son insoportables. Que la ciudadanía juzgue quién causa daño ambiental y quiénes son los encubridores.
Fuente: El Universo
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