jueves, 11 de febrero de 2010

Política

18:50

LEY DE EDUCACIÓN DEBERÍA IR A CONSULTA PRE-LEGISLATIVA
EXPRESA ASAMBLEÍSTA XAVIER TOMALA

El asambleísta Xavier Tomalá Montenegro, miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea, expresó que de acuerdo al artículo 57 literal 14 de la Constitución de la República que dispone como derecho colectivo por parte del Estado “desarrollar, fortalecer y potenciar el Sistema de Educación intercultural bilingüe, con criterio de calidad desde la estimulación temprana hasta el nivel superior”; y acorde con la sentencia de la Corte Constitucional dictada en relación al artículo 57 literal 17, la Ley de Educación Superior también deberá ir a consulta pre-legislativa por lo que el país deberá esperar entre tres y cuatro meses más para contar con la nueva Ley de Educación Superior.


Tomalá manifestó que el proyecto para el segundo debate para discusión en el pleno garantiza la autonomía universitaria, la misma que contempla que las universidades y escuelas politécnicas del país puedan expedir sus propios estatutos en concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES); la libertad de cátedra e investigación; la libertad para administrar sus recursos los mismos que constan en la Ley del Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO); mantienen la capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno; y también garantiza la inviolabilidad de los recintos universitarios.

Además, el proyecto privilegia la calidad de la educación superior en base a una evaluación continua y permanente de las carreras y programas académicos en las universidades públicas y privadas del país.


De igual manera, el artículo 136 de la LOES garantiza la libertad de cátedra de los docentes como también el desarrollo de la investigación. La Ley no vulnera sus derechos porque se aprobó la expedición del Reglamento de Carrera Docente en donde consten su estabilidad laboral, remuneración justa, sistema de ingresos, ascensos, entre otros. “El tener un régimen especial permitirá a los maestros universitarios acabar con la precarización”, aseguró Tomalá.

La Constitución garantiza la igualdad de oportunidades y por lo tanto la LOES busca que el acceso mayoritario a la educación superior no solo rija como una obligación para las universidades públicas, sino que las entidades privadas formen también parte de ese mandato.


“En ningún momento la Ley contempla supresión de presupuestos de las universidades privada. La Ley contempla que este tipo de centros educativos otorguen becas, ayudas económicas y matrícula diferenciada”, afirmó el legislador.

El asambleísta Tomalá manifestó: “es lamentable que, luego del gran esfuerzo que han hecho los miembros de la Comisión de Educación, los representantes y actores del Sistema Universitario por consensuar y elaborar una normativa que revolucione el Sistema Universitario en busca de mejorar la calidad de la educación e impulsar una profunda investigación tecnológica y científica en pro de un nuevo Ecuador, nuevamente la politiquería retrógrada utilice discursos atávicos para desorientar a la comunidad en general y en especial a la universitaria pretendiendo desprestigiar el proyecto de Ley de Educación Superior que está listo para ser votado en el pleno. En todo caso, los tres o cuatro meses que deberán emplearse en la consulta pre-legislativa permitirá a los sectores interesados presentar nuevas propuestas y obtener una Ley de consenso nacional”, afirmó el asambleísta Tomalá Montenegro.



SE TRATÓ LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Asambleístas integrantes de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero defendieron los informes de mayoría y de minoría presentados en la Secretaría de la Asamblea Nacional, en torno al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Los primeros, argumentaron que la propuesta no es discriminatoria, sino incluyente y beneficia a todos los sectores del país, mientras que los segundos pidieron que se tomen en cuentas algunos de los planteamientos formulados en los respectivos informes de minoría.


En este marco, el asambleísta Jimmy Pinoargote, vicepresidente del organismo legislativo, defendió el proyecto de ley, porque se ajusta a los preceptos constitucionales y toma en cuenta varias opiniones de los diferentes sectores que benefician en sí a la ciudadanía, como por ejemplo lo referente a la prelación del agua, es decir, que lo primero es el consumo humano, luego el riego, abrevadero y agricultura para garantizar la soberanía alimentaria, después la conservación del caudal ecológico; y, finalmente, el aprovechamiento productivo.

Al referirse a las aguas termales, consideró que no se podía impedir su utilización con fines turísticos, cuando hay pueblos que viven de ello. Además, se estableció un capítulo que preserva el agua en calidad y cantidad, la Autoridad Única del Agua y los gobiernos autónomos descentralizados formularán y aplicarán políticas públicas orientadas a promover la nueva cultura del agua como patrimonio nacional; desarrollar capacidades en los usuarios para la protección y conservación de las fuentes de agua; y, promover el control y vigilancia ciudadana y comunitaria en su calidad y cantidad.

De su lado, Lídice Larrea, vocal de la Comisión, expresó su satisfacción por ser partícipe de cómo este tema ha sido socializado con los diversos sectores involucrados en la temática, por ello, da fe de su legitimidad, porque vela por los intereses de los ciudadanos. “No hemos legislado a favor de un sector étnico, sino pluriétnico. I

Entre tanto, Pedro de la Cruz, en su exposición, precisó que se debe desprivatizar lo que al momento está en manos de empresas privadas, tomando en cuenta que el agua es para el consumo humano, por lo que se debe poner un alto al enriquecimiento ilícito de las empresas embotelladoras y en pocas manos. Así mismo, las aguas termales constituyen un derecho humano a la salud, por lo que este recurso no se debe dejarse en manos de pocos empresarios, a la vez que consideró que es inconstitucional que se mantenga la concesión de Interagua, porque la responsabilidad en la dotación del servicio de agua potable corresponde a los municipios.


Para Gilmar Gutiérrez, la normativa viola la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, porque establece que la rectoría de las políticas y regulaciones las emite la Autoridad Única del Agua. Por ello, presentó un informe de minoría que responda a las expectativas de los usuarios y garantice las competencias de las juntas parroquiales, los municipios y los consejos provinciales.


El asambleísta Ramiro Terán, en cambio, tras saludar al pueblo campesino, indígena señaló que el bloque Plurinacional presentó un informe de minoría, en razón de que algunos de los planteamientos de este sector no fueron acogidos por la Comisión, como es el caso de Interagua, cuya concesión debe terminar inmediatamente.

Es claro ver que el Secretario Nacional del Agua tendrá amplias facultades, por lo que pidió al Pleno que el cuerpo legal sea revisado minuciosamente, concluyó.

JLVN/eg


Por dirigir el movimiento
SE RESQUEBRAJA EL PARTIDO DE GOBIERNO  EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

En la provincia de Santa Elena se rumora que hay inconformidad en la conformación de los cuadros directivos de Alianza País. En días pasados la asambleísta Vanessa Fajardo manifestó en algunas radios de la localidad su desaprobación por la conformación de la nueva coordinación provincial, ella cree que hay que darle espacio a los fundadores del partido y no a los advenedizos.



Para entender esto hay que recordar, que no sólo en la provincia de Santa Elena, sino en muchas provincias del territorio ecuatoriano el partido de gobierno se vio en la necesidad de escoger a líderes respetables que aunque no eran de la tienda número 35, lo invitaban a su movimiento con el objeto de participar primero en la primarias, los ganadores participaron en las elecciones seccionales, para captar concejalías, alcaldías, prefecturas y dignidades para la asamblea.


Así se dio en Santa Elena, y algunos de estos candidatos invitados ganaron concejalías, alcaldías y dignidades de asambleístas, esa calidad de ganadores los hace hoy influyentes en el partido de gobierno y ahí comienzan las divergencias.


Hoy, al año de aquellas elecciones está unión electoral se resquebraja, hay opiniones diversas que muchas veces se mantienen ocultas, sin embargo, por fuentes confiables, se perfilan dos corrientes que tratan de captar la dirección provincial del partido más votado del país, por una parte la joven asambleísta Vanessa Fajardo, la ex prefecta Anita Triviño y el alcalde de La Libertad Marco Chango y por otro lado el alcalde de Santa Elena Otto Vera Palacios, el asambleísta Xavier Tomalá Montenegro ambos llegados del movimiento universitario y la actual gobernadora Noralma Zambrano, de quien se ha rumorado en varias ocasiones de su renuncia, sin embargo sigue firme en el cargo y como tal es parte del buró político de la 35 en la provincia de Santa Elena.


Todos estos líderes en cada uno de sus espacios, difieren hoy en la conducción del movimiento 35. Añadido a esto la influencia que ejercen desde Quito Ricardo Patiño, hombre de confianza del presidente Rafael Correa Delgado.


Esta situación no es nueva en la política nacional, recordemos como en la época de Guevara Moreno, apareció un líder nuevo llamado Assad Bucaram y se tomó el renombrado CFP que lo condujo hasta el día de su muerte, aunque ya había divisiones por la presencia del presidente Jaime Roldós.


Lo mismo ha pasado con todos los partidos nuevos, desde Izquierda democrática del ex presidente Rodrigo Borja, los socialcristianos, donde se integraron nuevos líderes y terminaron desplazando a los antiguos, eso es difícil controlar, depende mucho del carisma, la capacidad para resolver problemas políticos y el arrastre que tengan, añadido a esa la ventaja de estar en un cargo que durará entre cuatro a 5 años dependiendo de si es asambleísta o alcalde.


En los próximos días se sabrá a que acuerdos llegan para manejar el partido en la provincia de Santa Elena.

Parecería que ese deseo de liderar, sería para manejar directamente los cargos públicos en la provincia, ya que hay quejas de que no están colocando en las direcciones provinciales de los ministerios o cargos importantes a profesionales de la provincia de Santa Elena, eso crea resentimiento, más aún por la escasez de cargos en la localidad.

Recientemente se dio la renuncia sorpresiva de la gerencia de CNEL Santa Elena del Ing. César Palacios, que se supone era de Alianza País.


JIMMY PINOARGOTE PRESIDIÓ COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

El asambleísta por la Provincia de Santa Elena Licenciado JimmyPinoargote, presidió la sesión # 37 de la Comisión Ocasional de Comunicación en laque se trata la LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN.


En el transcurso de la sesión se analizó el Indice del proyecto de la ley de Comunicación; al igual que el rol de los medios públicos y privados. Durante el debate la Presidenta de la Comisión encargo la presidencia al Asambleísta Peninsular, quien declaró suspendido el debate en relación a los medios públicos hasta que se de la presencia de delegados de la Procuraduría y Contraloría que esclarezcan el tema relacionado a los medios públicos y empresas publicas.

Reiteró su posición en relación a que los medios públicos, no deben tener financiamientoa través de la venta de publicidad comercial, dicha medida sería una competencia desigual entre los medios públicos y privados.


COMISIÓN DE EDUCACIÓN  APROBÓ INFORME
Que deja sin efecto cierre de Universidades

Con siete votos a favor, una abstención y uno a favor del informe de minoría, la Comisión de Educación, Cultura , y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional aprobó el informe de mayoría de la Subcomisión encargada de analizar y recomendar sobre los informes de CONESUP y CONEA conforme al Mandato 14, respecto a las Universidades y Escuelas Politécnicas del país.


El informe de mayoría elaborado por los Asambleístas Xavier Tomalá y Galo Vaca, fue expuesto y fundamentado por el Asambleísta Tomalá quien durante su intervención, recordó que la Subcomisión analizó 12.740 fojas útiles y recibió a 30 representantes de las universidades del país; a los directivos del CONEA y sus técnicos; y a los directivos del CONESUP y sus técnicos, a fin de que informen sobre los procedimientos adoptados.

Dentro del análisis se determinó que los informes no se acogieron a lo dispuesto en la Ley de Educación vigente, tal como lo dispone el Mandato Constituyente No.14, además que se violentaron disposiciones constitucionales referentes a la seguridad jurídica y al debido proceso. Tomalá en su exposición se refirió a la falta de coordinación entre los dos organismos encargados de realizar dichos informes, esto es CONEA y CONESUP, y que más bien de los documentos anexos se desprenden que existieron situaciones de conflicto que impidieron que las dos instituciones cumplieran con objetividad la misión encomendada en el Mandato 14, por lo que el Pleno de la Comisión Permanente aprobó las siguientes resoluciones:


PRIMERO.- Los informes presentados por el CONEA y por el CONESUP de conformidad al Mandato Constituyente No.14 no son vinculantes para la toma de decisiones o motivación para la expedición de resolución ó normativa alguna.

SEGUNDO.- No se justifica el cierre de universidades o escuelas politécnicas públicas o particulares del país.

TERCERO.- Las instituciones de Educación Superior del país deberán ejecutar inmediatamente un Plan de Mejoramiento para fortalecer sus procesos de formación profesional e investigación científica

CUARTO.- Incluir en el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior una Disposición Transitoria que contenga el siguiente texto:

Disposición Transitoria... “Las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores del Ecuador, entrarán en un proceso de evaluación interna y externa con un modelo debidamente socializado con los actores del Sistema de Educación Superior, debiendo considerarse lo heterogéneo del sistema universitario ecuatoriano y sus características propias como: su naturaleza jurídica, asignación de recursos, el tiempo de creación, principios fundacionales, el número de estudiantes, número de docentes, su nivel académico y relación laboral con la institución, personal administrativo y de servicios, estructura académica, e infraestructura física y tecnológica propia y adecuada.

La evaluación externa estará a cargo del Consejo de Educación Superior y del Consejo Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador .




EXPLICAN A PREFECTOS ASPECTOS PUNTUALES DE CÓDIGO TERRITORIAL

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, tras indicar que el texto del Código Orgánico Territorial será perfeccionado con los aportes que han dado los diversos sectores involucrados en esta temática, manifestó que en la sesión del Pleno que se realizará el próximo martes 9 de marzo, la Comisión 8, transmitirá a los asambleístas las sugerencias propuestas en los diferentes talleres de socialización, entre ellas, las planteadas por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope).


Con respecto a las rentas para los gobiernos autónomos descentralizados explicó que en el 2010 tanto los consejos provinciales como los municipios recibirán recursos que les corresponde de acuerdo con las viejas leyes, mientras que los resultados del nuevo modelo de equidad se aplicarán con la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

No se perjudicará a ninguna municipalidad o prefectura, dijo al reiterar que a partir del 2011 ninguna jurisdicción tendrán ingresos menores a los que se les asigna hoy, subrayó, al señalar que la distribución de las rentas será diferente, ya no de manera proporcional como se lo hacía con las viejas leyes, sino que se tomaran en cuenta algunas variables que están en la Constitución donde se diferencia el costo del desarrollo regional.

Propuso a la comisión que acoja la sugerencia del representante de la Prefectura del Guayas, Xavier Sandoval, en el sentido que los artículos 194 y 198 del Código Orgánico relacionados con las transferencias provenientes de ingresos permanentes y no permanentes para la equidad territorial en la provisión de servicios públicos correspondientes a las competencias exclusivas sean incorporadas como disposiciones transitorias, puesto que si se las mantiene tal cual están pueden volverse eternas y las mismas solo se las aplicará para el 2010 y deben estar definidas en la Ley de Finanzas Públicas.



.CONESUP Y CONEA SE PRESENTA ANTE SUBCOMISIÓN DE EDUCACIÓN

Los asambleístas Xavier Tomalá, presidente, Gioconda Saltos y Galo Vaca, de la sub comisión de la Comisión Permanente de Educación mantuvieron este lunes una sesión de trabajo con el titular del Conesup, Gustavo Vega, para conocer, los informes preparados por la entidad sobre la situación de las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas.

En la reunión también estuvieron los académicos Edgar Moncayo y Jaime Gallegos, quienes formaron parte del grupo técnico que preparó dichos documentos.

Gustavo Vega se quejó de la falta de apoyo de la Senplades para el cumplimiento cabal de la tarea encomendada al Conesup por parte de la Asamblea Constituyente, el cual disponía un análisis de la situación de las 71 universidades desde los puntos de vista académico y jurídico, pues al Conea le correspondía el estudio de evaluación de desempeño, argumentó.

Explicó que la entidad a su cargo realizó la investigación con 170 mil dólares con personal nacional, mientras el Conea recibió 800.000 y contrató consultorías extranjeras, al precisar que entre los informes presentados en agosto y diciembre de 2009 hubo ciertas modificaciones en el orden del 12%, toda vez que se profundizó la socialización del tema con los sectores interesados y se corrigió algunos errores con respecto a algunos centros educativos.



CONEA COMPARECE ANTE SUBCOMISIÓN LEGISLATIVA

Convocado por el Asambleísta Xavier Tomalá M., Presidente de la Subcomisión para analizar y recomendar sobre los informes del CONEA y CONESUP, compareció el Dr. Arturo Villavicencio, Presidente del CONEA, a fin de responder a los cuestionamientos de 25 preguntas que contienen las inconformidades y demandas de las diversas universidades que rechazan el informe de dicho Consejo.


El Presidente del CONEA con apoyo de los funcionarios y técnicos de dicha institución se esforzó por responder la serie de cuestionamientos planteados.

Al final de la reunión el Presidente de la Subcomisión manifestó que: "de acuerdo a la comparecencia tanto de los directivos del CONEA como del CONESUP se desprende que el sistema de educación superior amerita una nueva evaluación".

 

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