El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (d). EFE/ Gianna
Benalcázar Manzano
José Manuel Portugal. Director de la escuela de derecho UIDE
Lo ocurrido el día de hoy con el alcalde de Guayaquil es un hecho sumamente grave, debido a la imputación que la Fiscalía le está realizando. Esta no corresponde ya al caso conocido como Triple A, sino a una nueva causa denominada “La Goleada”, la cual se fundamenta principalmente en el presunto delito de lavado de activos. Se trata, por tanto, de una acusación distinta a la anterior, que estaba relacionada con el tráfico de combustible.
Esta retención genera preocupación más allá de los detalles que se conocerán luego de la audiencia, la cual se estima se desarrollará dentro de las próximas 24 horas, ya que surge la interrogante sobre qué ocurrirá con la Alcaldía de Guayaquil al encontrarse el alcalde privado de libertad. Aquí es necesario analizar varios escenarios, pero si se ordena prisión preventiva, la situación se complica considerablemente para la Alcaldía. La legislación vigente permite una ausencia máxima de hasta tres días antes de que se deba solicitar formalmente una ausencia temporal. En ese caso, el alcalde tendría que solicitar dicha ausencia para que la vicealcaldesa asuma el cargo, pedir vacaciones u optar por alguna alternativa legal que evite una ausencia definitiva.
Si el alcalde incurre en ausencia definitiva, la ley establece que
permanecer fuera del cantón sin la autorización correspondiente o sin una
justificación válida por un período mayor de 30 días configura esta causal.
Esto implicaría que el alcalde pierda la calidad de alcalde de Guayaquil, lo
que agravaría de manera significativa la situación política de Aquiles Álvarez.
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