El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley que reforma siete cuerpos normativos para garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad, enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y de alta complejidad y sus sustitutos.
El análisis se dio sobre la base del informe elaborado por la Comisión de Derecho al Trabajo, el cual señala que “la protección laboral de esta población es un tema crítico que involucra aspectos de salud, derechos humanos y justicia social”. Así también, recoge cinco sentencias emitidas por la Corte Constitucional, que abordan directamente los derechos de aquellos que padecen este tipo de enfermedades.
La legisladora ponente del informe, Johanna Ortiz, señaló que la norma plantea como ejes principales, reformas a los regímenes laborales de la Ley Orgánica de Servicio Público y del Código del Trabajo.
Entre ellas, las prohibiciones de desvinculación por su condición médica, del acoso laboral motivado por padecimientos de salud, de la terminación unilateral del contrato y la supresión de puestos ocupados por esta población; así como la garantía de licencias médicas remuneradas, sin descuentos, al ajuste razonable de la infraestructura de sus espacios laborales, entre otros.
Durante el debate, los legisladores Mabel Méndez y Ramiro Vela coincidieron en que las personas que padecen este tipo de condiciones médicas no pueden ser doblemente vulneradas, además de sus enfermedades, al ser víctimas de tratos humillantes y hostigamientos que buscan hacerlas renunciar.
“El mensaje debe ser claro, ser marginado por padecer una enfermedad no será tolerado. El impacto social de fortalecer el tejido social con esta normativa evitará que más personas vulnerables caigan en la pobreza extrema. Tenemos el derecho humano fundamental de trabajar sin miedo”, señaló Méndez.
Previo al debate, en comisión general, Diego Jimbo, del Observatorio de Enfermedades Raras y Huérfanas, mencionó que no existen datos oficiales sobre la cantidad de personas que padecen esta condición en el Ecuador, “sin embargo, se estima que son cerca de 800 mil, entre ellas 30 mil nuevos casos detectados de cáncer cada año”.
“Una persona con este tipo de enfermedades debería ser protegida por el Estado y tener el derecho de recibir su tratamiento y acudir a sus consultas sin acosada o llamada vaga”, enfatizó.
Por otro lado, Yoconda Poveda, líder del Colectivo en Acción Contra el Cáncer, destacó que esta población, en su entorno laboral es considerada como una carga y no como un grupo poblacional vulnerable por razones médicas y víctima de un sistema de salud que no los protege adecuadamente.
Por último, Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, mencionó que, “el 80 % de estas conllevan discapacidades visibles o invisibles y que apenas el 5 % de estas personas pueden acceder a un tratamiento farmacológico integral”.
CV
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