Los funcionarios de la Prefectura de Imbabura no supervisaron que el contratista cumpla las especificaciones técnicas y repare los daños en la estructura de la vía ocasionando que los desembolsos por el valor de las glosas no estén justificados.
La Contraloría General del Estado confirmó la responsabilidad civil por USD 3’342.307 del ex prefecto de Imbabura, tres funcionarios del gobierno provincial, la constructora y el fiscalizador externo que participaron en los procesos de contratación, efectuados entre julio de 2012 y diciembre de 2018, para el proyecto de asfaltado de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum, en el cantón Cotacachi.
A partir del análisis documental y de las condiciones físicas de la vía, el equipo de control advirtió que, durante el periodo de prueba, el contratista dio mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, derrumbes, trabajos emergentes), pero no intervino la carpeta asfáltica y no reparó los daños en la estructura de la vía como baches, hundimientos, grietas, fisuras longitudinales y tramos colapsados que ponían en riesgo el tránsito vehicular.
La Contraloría determinó que el gobierno provincial realizó pagos, por rubros mal ejecutados, por el monto de la responsabilidad civil. Esto ocurrió debido a que el prefecto, en su periodo de actuación como máxima autoridad, no dispuso que se adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro prematuro de la carretera y garantizar así su operación.
Por su parte, el director general de Fiscalización de la Prefectura y el administrador del contrato de obra no supervisaron las acciones de la constructora, ni comunicaron el estado de la vía y el avance de los trabajos para que se tomen decisiones oportunas que aseguren la reparación y mantenimiento de la carretera.
Además, la compañía contratada para realizar la fiscalización externa no verificó que las capas de la estructura del pavimento cumplan los espesores determinados en las especificaciones técnicas, ni exigió a la constructora la ejecución de rubros contractuales como muros de gaviones, hormigones y drenajes, aspectos necesarios para la conservación y buen funcionamiento de la vía.
A pesar de los incumplimientos, el administrador de ese contrato gestionó los desembolsos en favor de la fiscalizadora.
Pagos no justificados por volúmenes y especificaciones de obra
Producto del análisis del mismo examen especial, el organismo de control también confirmó otra glosa por USD 1’327.476 para el fiscalizador de la Prefectura designado para la liquidación de los contratos principal y complementario de obra.
Durante el examen se estableció que el funcionario no verificó la exactitud de los trabajos registrados en las planillas e incluyó actividades que no formaron parte del contrato, relacionadas con reasfaltado, bacheo, reposición de materiales por contaminación y lluvias, ocasionando que la Prefectura realice desembolsos injustificados al contratista por el valor de la glosa.
Recursos de revisión
En concordancia con la normativa vigente, las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
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