La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, compareció hoy ante el Pleno de la Asamblea para informar –dentro de sus atribuciones y competencias– sobre las acciones desarrolladas por la Fiscalía General del Estado en relación al femicidio de María Belén B.
La titular de la Institución inició su intervención, informando que este caso inició el 13 de septiembre de 2022, como una investigación por desaparición involuntaria y que, desde el 23 de septiembre, se reformularon cargos por el delito de femicidio, por el que son procesados Germán C. (teniente de Policía en servicio activo) y Josselyn S. (cadete de Policía).
A través de una línea de tiempo, detalló los hechos y acciones que se han cumplido en este caso, que iniciaron el 12 de septiembre, luego de que se conociera la denuncia por la desaparición de María Belén B., con lo que se inició una investigación previa y se activó el “Protocolo de actuación interinstitucional para el registro de denuncia, investigación, localización y cierre de casos de personas desaparecidas”, en las primeras horas del 13 de septiembre.
Desde ese mismo momento se conformaron varios equipos que ejecutaron acciones de búsqueda en varios sectores de la ciudad, con base en la información inicial con la que contaba Fiscalía. Este proceso concluyó con el hallazgo de restos humanos, la mañana del 21 de septiembre de 2022 en el cerro Casitagua, aledaño a la Escuela Superior de Policía, donde la víctima fue vista por última vez con vida.
Además, informó que debido a las inconsistencias en las versiones rendidas por los ahora procesados –la de Germán C. contrastada con la de Josselyn S.– se contó con elementos para solicitar la detención con fines investigativos del Teniente de Policía y, posteriormente, el procesamiento de la cadete por su presunta participación en el delito de desaparición involuntaria (el 17 de septiembre).
Luego del hallazgo de los restos humanos y la confirmación de que corresponden a María Belén B., el 23 de este mes se llevó a cabo la audiencia de reformulación de cargos contra Josselyn S. –de desaparición involuntaria a femicidio– y la vinculación de Germán C. al proceso (por femicidio).
La fiscal Diana Salazar Méndez añadió que, desde que Fiscalía fue informada sobre la desaparición de María Belén B., hasta el martes 27 de septiembre de 2022, se han emitido 63 impulsos fiscales y que se han practicado 96 diligencias investigativas, entre las que se incluye la solicitud a Interpol para la emisión de alerta azul y posterior alerta roja contra Germán C., principal sospechoso.
Debido a las circunstancias del caso –que involucraría a servidores policiales y que habría ocurrido dentro de una instalación policial–, Fiscalía dispuso que un grupo especializado de peritos civiles forme parte de los procesos de búsqueda y, una vez extraídos los restos humanos encontrados, un antropólogo forense y un médico legista –ambos civiles– fijaron, tomaron muestras y procedieron con la autopsia.
Este proceso contó con el acompañamiento y aval de un experto forense civil, incluido como veedor del proceso por parte de la familia de la víctima.
También informó que, desde que Fiscalía abocó conocimiento del hecho (13 de septiembre), se dispuso al Equipo de Violencia de Género de la Dirección de Derechos Humanos que acompañe personal y permanentemente a Elizabeth Otavalo (madre de la víctima) y posteriormente se solicitó el ingreso de la madre, el padrastro y el hijo de María Belén B. al Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (Spavt).
Además, el 20 de septiembre, Fiscalía solicitó a su par colombiana –a través de cooperación internacional– que un equipo técnico especializado acompañe el caso. Dicha Institución designó a un analista en telefonía celular y en registros detallados de llamadas, un técnico investigador y una fiscal delegada para ese cometido.
La fiscal Diana Salazar informó también a la Asamblea Nacional que se ha solicitado una orden especial de inmovilización del inmueble en el que se habrían suscitado los hechos, para evitar su destrucción y preservar evidencias.
Al cierre de su intervención, la fiscal Diana Salazar Méndez hizo un llamado a las autoridades de las demás funciones públicas: “es imprescindible tratar la violencia contra la mujer como un tema estructural. La prevención primaria del delito y la prevención de la violencia contra las mujeres es una tarea pendiente como Estado».
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