El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo Fierro, presentó las pruebas de descargo en el juicio político que lleva adelante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Su exposición la hizo de manera presencial junto a los vocales Maribel Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco; la expresidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, participó de manera telemática.
Su exposición la hizo durante tres horas y se enfocó en los aspectos técnicos y legales bajo los cuales se evaluó a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, en el 2019.
El Presidente del CJ aseguró que la evaluación de los juzgadores se llevó adelante tras la Consulta Popular del 2018 -mediante el cual se recuperó la democracia- y tras el exhorto del Consejo de Participación Ciudadano transitorio con potestades extraordinarias. También detalló la asistencia técnica-jurídica que brindó el Comité de Expertos y el Comité de Apoyo, que fueron integrados por destacados juristas propuestos por las universidades y organizaciones sociales. “El CJ cumplió con el mandato ciudadano”, sostuvo el Presidente del CJ este sábado 13 de agosto del 2022.
Aseguró que la evaluación a los jueces y conjueces se desarrolló con total transparencia y eso fue ratificado por la Corte Constitucional (sentencia 37-19), que confirmó la constitucionalidad de todo lo actuado.
El Presidente del CJ indicó que detrás de este juicio político está la intención de tomarse la justicia por parte de quienes hoy interpelan al Consejo de la Judicatura. "Son pretextos para tomarse la administración de justicia (…) sin duda las fuerzas políticas interpelantes quieren recuperar el control de la administración de justicia como lo tenían a partir de 2011 hasta el 4 de febrero de 2018, cuando el país a través de la consulta popular decidió reinstitucionalizar las entidades, principalmente de control y de la Función Judicial”, sostuvo el Dr. Murillo.
Además, aclaró que los jueces que no pasaron las pruebas no fueron destituidos, sino removidos; la remoción no es una sanción, es decir, sí pueden participar de nuevos concursos y regresar a la Función Judicial.
Sobre los cuestionamientos a la designación de los conjueces temporales de la Corte Nacional, el Presidente Murillo explicó que el proceso de selección fue riguroso: tener 10 años en la abogacía, haber permanecido al menos cinco años como jueces de Cortes Provinciales, no tener sanciones disciplinarias, haber superado las evaluaciones con puntajes de 80 sobre 100 y contar con especialización. Es decir, no fueron elegidos a dedo, como señaló sin fundamento el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.
“No fueron escogidos de la calle ni de la esquina; fueron seleccionados de manera rigurosa”, indicó el Presidente del CJ. Y aclaró que no se recurrió a un banco de elegibles, porque este fue eliminado por el expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh. "Para la selección de jueces temporales incluso se consultó a la Procuraduría General del Estado, justamente, porque estaba agotado el banco de elegibles, según la resolución 037-2018-CJ”.
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