En el hemiciclo del Parlamento se analizó, en primer debate, el proyecto de reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), orientado a que los presupuestos para los sectores salud y educación sean incrementales, para lo cual la propuesta busca normar y regular el cálculo para su incremento anual, de conformidad con lo establecido en la Constitución, dijo el legislador Pabel Muñoz, ponente del informe de la Comisión de Régimen Económico.
Muñoz dio cifras de la reducción constante de los montos para estos dos sectores. Por ejemplo, para el sector salud, en el 2016 el presupuesto fue de 3.925 millones de dólares y para el 2022 de 3.402 millones de dólares, es decir, 523 millones de dólares menos. Lo mismo ocurre en el sector educación: en 2016 fue de 4.291 millones de dólares y en 2022 de 3.419 millones de dólares, es decir, 872 millones de dólares de reducción.
Añadió que a través del proyecto se establece con claridad el cumplimiento de la meta constitucional de los mínimos de las asignaciones presupuestarias de 6 % y del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para educación y salud, respectivamente.
Debate
En el debate, 18 asambleístas de distintas bancadas mostraron su apoyo al proyecto y destacaron las disposiciones transitorias 18 y 22 de la Constitución, respecto de la obligación del Estado para destinar recursos en forma progresiva para los sectores educación y salud.
Subrayaron que entre el 2016 y 2022, en educación hay una reducción de 872 millones de dólares, lo que significa el deterioro del sistema educativo. Caso similar sucede en el área de salud donde se reduce 523 millones de dólares entre el 2016 al 2022, pese a que la Carta Magna determina el incremento de presupuesto para los referidos sectores, que son pilares fundamentales para el progreso y desarrollo del Ecuador.
Enfatizaron en la importancia de garantizar los presupuestos incrementales anuales, así como la necesidad de realizar un análisis técnico financiero y económico. Recordaron que el Estado debe buscar medidas progresivas para el cumplimiento del mandato constitucional, más cuando el sistema de salud está colapsado.
Así mismo, consideraron que -simultáneamente- en la lucha por un mayor presupuesto para el área social se determine como eje transversal la lucha contra la corrupción.
JLVN/eg
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