Con base en la recomendación del informe no vinculante de la Comisión del Derecho a la Salud, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 101 votos, se allanó a las 12 observaciones planteadas por el Ejecutivo al proyecto de Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre de las Personas en Situación de Vulnerabilidad Alimentaria, considerando que se enmarca en los preceptos constitucionales y legales que mejoran el espíritu de la ley. El texto será remitido en las próximas horas al Registro Oficial para su respectiva publicación.
La propuesta implementa mecanismos para que la donación de alimentos se convierta en norma respecto a los productos que sean aptos para el consumo humano, con el fin de entregarlos a personas vulnerables. Además, define la prioridad de el uso y disposición final de los mismos; y, coordina que los procesos de producción, distribución y comercialización se ejecuten en el marco del derecho a una alimentación saludable, la consecución de la soberanía alimentaria y la preservación del ambiente.
Además, pretende mitigar el desperdicio de alimentos para contribuir a la seguridad alimentaria, ampliar el uso de alimentos sin valor comercial, por medio de donaciones destinadas prioritariamente al consumo humano. Así mismo crea procesos de sensibilización de los actores de la cadena alimenticia a través de campañas informativas y comunicacionales.
El presidente de la Comisión de Salud y ponente del informe, Marcos Molina subrayó que se trata de una ley para beneficiar a las personas más vulnerables del país. Enfatizó que las observaciones del Ejecutivo enriquecen, mejoran y permiten un mayor entendimiento de la ley que tiene como objetivo que las grandes empresas tengan la obligación de donar los alimentos que ya no son comerciales, pero que brinda la oportunidad de que millones de ecuatorianos tengan una comida digna y permanente.
Explicó que el Ejecutivo argumentó que no se contemplaba al ente rector de salud para articular y desarrollar acciones respecto de la prevención y promoción de salud. Adicional, precisó aspectos que mejoran el contenido del articulado e incluye lineamientos de sostenibilidad fiscal y especifica que los incentivos a los donantes se ejecutarán conforme las competencias ya asignadas a las respectivas carteras de Estado.
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