Luego de analizar los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado, un Juez de Garantías Penales dictó sentencia de 20 meses para Mariano C. (ecuatoriano), Víctor V., Carlos J. y Stephania M. (colombianos), quienes aceptaron su responsabilidad en la fabricación, falsificación y adulteración de dólares. Ellos se sometieron a un procedimiento abreviado.
Las cuatro personas fueron detenidas en un operativo liderado por Fiscalía, con el apoyo de equipos tácticos de la Policía Nacional del Ecuador, ejecutado en San Pablo de Tenta, del cantón Saraguro.
El Juez de la causa acogió el pedido de la Institución y dictó sentencia en contra las cuatro personas luego de evaluar los elementos probatorios presentados en la audiencia de procedimiento abreviado.
La fiscal Sandra Velasco, de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Pichincha, para sustentar su tesis fiscal, presentó como principales pruebas los informes investigativos, el acta de levantamiento de evidencias incautadas durante el allanamiento (16.600 soportes de papel con impresiones de 20 dólares, que corresponden a cerca de 300.000 dólares falsos, placas tipográficas, maquinaria y tintas para imprimir papel moneda, entre otros), el reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros.
El allanamiento y detención de los ahora sentenciados, fue el resultado de una investigación realizada de forma coordinada entre varias instituciones y en la que colaboró la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Servicio Secreto de los Estados Unidos de Norteamérica.
Según supo explicar la fiscal del caso durante la audiencia, esta es la primera fábrica de billetes falsos descubierta en el país y su con su desmantelamiento y la sentencia obtenida se frenó la circulación de dólares falsos en el país y la región.
Información jurídica
El delito de falsificación de moneda y otros documentos se encuentra tipificado en el artículo 306 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. En este caso se aplicó una sentencia reducida debido a que los procesados se sometieron a un procedimiento abreviado, aceptando su responsabilidad en el hecho imputado.
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