Con 85 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea censuró y destituyó a Ruth Arregui Solano, superintendenta de Bancos, al considerar que incurrió en incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley, al descuidar su obligación de controlar al sistema bancario y financiero, así como por la falta de respuesta a las quejas y reclamos de los clientes frente a supuestos abusos de las entidades bancarias del país.
La resolución incluye la notificación de la censura al Ministerio de Trabajo, a fin de que se inscriba la prohibición a Ruth Arregui para ejercer cargo público por los próximos dos años. También, que se remita el expediente del juicio político a la Fiscalía General y a la Contraloría General del Estado para que realicen las investigaciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias.
Alexandra Arce y Darwin Pereira, en su calidad de interpelantes, señalaron que la funcionaria incumplió funciones al permitir que exista inseguridad en el sistema financiero, no ejerció sus atribuciones de control, de fiscalización y de supervisión. “Miles de ecuatorianos que fueron perjudicados por la banca y no recibieron ninguna respuesta de la Superintendencia de Bancos; tampoco actuó oportunamente para proteger a la ciudadanía frente a la captación ilegal de dinero, a través de la denominada estructura Big Money”, resaltó Pereira.
De su lado, Ruth Arregui aseguró que no hubo incumplimiento de funciones, pues que ha actuado de forma transparente, con responsabilidad y honestidad, al servicio del país. “He cumplido con lo previsto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en lo que tiene que ver con el control y supervisión del sistema financiero nacional. Por ello, ninguna de las ocho causales propuestas por el solicitante para este juicio político tiene fundamento”, aseguró.
Debate
En el debate, en el cual intervinieron 12 legisladores de las distintas bancadas expresaron sus puntos de vista respecto del juicio político y de la responsabilidad de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, no solo por el incumplimiento de funciones, sino por haber actuado de espalda a los usuarios del sistema financiero y a favor de los intereses de la banca.
Subrayaron que los interpelantes demostraron el incumplimiento de funciones, sobre todo al dejar en la indefensión a los clientes de la banca frente a constantes abusos, el jaqueo de cuentas, el fraude informático y su falta de control al sistema de captación ilegal de dinero de la estructura Big Money.
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