viernes, 10 de diciembre de 2021

PLENO TRAMITÓ EN PRIMER DEBATE PROYECTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN CASO DE VIOLACIÓN

08:39

 


La Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, quien dispuso a esa institución preparar dicho proyecto de ley.

El debate duro 10 horas y tuvo como base el informe preparado por la Comisión de Justicia.

El proyecto de ley nace de la disposición contenida en la sentencia de la Corte, que analizó la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación y declaró la inconstitucionalidad por el fondo de la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad mental” contenida en el artículo 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal.

Esta nueva Asamblea de puertas abiertas garantiza la participación activa y responsable de la ciudadanía, colectivos y de todos quienes aportan con sus opiniones para alimentar los contenidos de los debates, por ello, el Parlamento a través de comisión general escuchó durante cuatro horas, las opiniones de 23 representantes de diversos sectores, quienes expusieron sus criterios.

Luego de la lectura del informe preparado por la Comisión de Justicia, la asambleísta Johanna Moreira dijo que esta mesa legislativa trabajó en la elaboración de este proyecto de ley, recabando criterios de instituciones públicas y privadas; distintos segmentos de la sociedad civil; expertos en derechos humanos; derechos civiles; médicos especializados en obstetricia; medicina familiar; psicólogos; abogados con amplios conocimientos constitucionales y de derechos humanos; sociedad civil representada por movimientos provida y movimientos a favor de la interrupción del embarazo.

Además, señaló que adecuaron las normas jurídicas a los derechos previstos en la Carta Magna y tratados internacionales para garantizar materialmente la dignidad del ser humano. Habló de la desigualdad en el sistema de salud para interrumpir el embarazo en condiciones seguras, sobre todo de mujeres pobres. También se refirió a los tres ejes del proyecto: requisitos, temporalidad, objeción de conciencia como derecho constitucional y los plazos para acceder a la interrupción del embarazo, aclarando que no se permitirá interrupciones del embarazo en etapas avanzadas.

En el debate se evidenciaron posiciones diversas. Unos asambleístas se pronunciaron a favor de establecer una ley que garantice el derecho al aborto por violación; mientras otros defendieron la vida desde su concepción y la inviolabilidad de la vida. Todos coincidieron en la necesidad de trabajar para prevenir la agresión sexual a niñas, niños y adolescentes.

Los parlamentarios sugirieron revisar el tiempo para la interrupción del embarazo, establecer sanciones al violador a quien le debe caer todo el peso de la ley, así como generar políticas públicas con enfoque de género y atención integral.

Se habló de los tres temas críticos del proyecto: la denuncia que es un condicionamiento para que una mujer o niña violada pueda iniciar el proceso de aborto; la temporalidad de interrupción del embarazo que deberá ser analizado en la Comisión de Justicia de manera técnica, sobre todo en el caso de niñas menores de 14 años que no tienen conciencia de estar embarazadas.

Precisaron que desde el 2014 al 2021 en la Fiscalía hay 442 casos de mujeres procesadas por aborto consentido, más de 6.000 niñas son víctimas de violación sexual; la necesidad de determinar la reparación justa para todas la víctimas sobrevivientes de abuso sexual y que la mayoría de abusos sexuales se da en el núcleo familiar.

El asambleísta Virgilio Saquicela, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, a cargo de la conducción de la sesión, dio por terminado el primer debate del proyecto.

Las observaciones realizadas por los legisladores serán remitidas a la Comisión de Justicia que se encargará de procesarlas y elaborar el informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

JLVN/pv

 

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