La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presidida por Ramiro Narváez, completó este lunes, 11 de octubre, los pedidos de información sobre la crisis penitenciaria y la inseguridad ciudadana. Es esta oportunidad, el organismo aprobó las preguntas que se formularán a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Corte Constitucional (CC), la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
En este contexto, la mesa consulta temas relacionados con la participación de la Corte Nacional de Justicia en las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), los planes y acciones desarrolladas para aportar a la solución del problema penitenciario, el avance de los procesos penales, entre otros.
Respecto de la Corte Constitucional, el requerimiento de información se refiere a las sentencias emitidas en torno al sistema penitenciario y la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Mientras, a la Defensoría Pública se le solicita el número de defensores que patrocinan causas de personas privadas de libertad, los procesos que se siguen respecto de beneficios penitenciarios y acciones de defensa de derechos humanos.
Las preguntas que se formulan a la Fiscalía General del Estado se enfocan en el número de indagaciones en las cuales se ha solicitado la prisión preventiva como medida cautelar, las acciones seguidas para prevenir y superar la grave crisis penitenciaria y la inseguridad pública. Igualmente, si se han iniciado las investigaciones para dar con los responsables de las muertes violentas ocurridas al interior de las cárceles del país.
En el ámbito del manejo de la inteligencia penitenciaria, el CIES deberá informar los resultados de las acciones efectuadas desde 2016, el presupuesto asignado, el presupuesto ejecutado en la matriz y las subsecretarías; si tuvieron informes de alerta de posibles amotinamientos y los programas de capacitación de los agentes de la entidad.
Como temas transversales constan las acciones de coordinación de estas instancias públicas con el organismo técnico de rehabilitación social y, de existir, las propuestas formuladas para mejorar la política de rehabilitación de las personas privadas de libertad.
Las instituciones antes mencionadas tienen un plazo de 10 días para remitir la información solicitada por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.
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