Con base en más de 50 elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), el juez Telmo Molina resolvió dictar auto de llamamiento a juicio contra dos funcionarios de la Institución, a quienes la FGE procesa por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.
Byron G., fiscal de Soluciones Rápidas 3, y Jaime Vladimir H., secretario de la Fiscalía de Soluciones Rápidas 1, habrían solicitado 20.000 dólares a la denunciante para agilitar y “favorecerle” en un proceso penal.
Dicha causa (en la que se habría ofrecido “favorecer” a la víctima) se estaría tramitando en la Fiscalía de Soluciones Rápidas 3, que está a cargo de Byron G.
La relación entre ambos se habría establecido a través de la explotación de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron conversaciones en las que utilizaban “jerga” o comunicación en clave para referirse al presunto cometimiento del delito, lo cual se estableció a través de una pericia de perfil criminológico.
Además de estos elementos de convicción, en la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscal a cargo del caso presentó la denuncia hecha por la ciudadana denunciante, informes de reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias, entre otros.
Sobre esa base, el Juez de la causa resolvió llamar a juicio a ambos funcionarios, a quienes también les ratificó las medidas dictadas durante las respectivas audiencias de formulación de cargos. Es decir, prisión preventiva para Jaime Vladimir H. Y. y uso de dispositivo electrónico de vigilancia, presentación los lunes y viernes ante Fiscalía y prohibición de salida del país para Byron G.
El caso
Tras una denuncia ciudadana conocida por la Policía Nacional, Jaime Vladimir H., funcionario de la FGE, quien se desempeñaba como secretario de la Fiscalía de Soluciones Rápidas 1, fue aprehendido en delito flagrante y posteriormente procesado por su presunta participación en el delito de concusión.
Luego de conocer sobre los presuntos actos de corrupción denunciados por la víctima, se ejecutó un operativo coordinado con la Policía Nacional, en el cual el funcionario fue detenido en su lugar de trabajo (Casa de Justicia, norte de Quito).
Las investigaciones correspondientes determinaron la presunta participación de Byron G. en el mismo caso, por lo que se procedió con su vinculación.
Debido a la naturaleza del presunto delito, este proceso es acompañado por la Dirección de Transparencia de la FGE, creada para atender posibles actos de corrupción dentro de la Institución.
Información jurídica
El delito de concusión sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años a los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de dinero o bienes.
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