Perú tiene 32 millones de habitantes y su estructura legislativa
por elección popular alcanza los 130 diputados. Ecuador tiene 17 millones de
habitantes y elige 137 asambleístas cada 4 años con poco beneficio para la
sociedad.
Según la constitución nuestra, Art. 119.- Para ser
asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido
dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar
en goce de los derechos políticos. Que elástica, permisible y un tanto irresponsable
fueron los que permitieron que con estas pocas virtudes se pueda elegir a un
asambleísta que se supone que debe tener nutrido conocimiento para crear leyes
imparciales, profundas y de largo plazo, acorde a la realidad de nuestro país.
Contradice con los requisitos que debe tener cualquier
funcionario público que maneja cargos de menor trascendencia, donde mínimo
deber tener un masterado. El caso de los profesores con sueldo de $ 817, no
puede ser bachiller, para impartir enseñanza, debe mínimo tener título de tercer
nivel que no lo puede conseguir con menos de 21 años. Es decir, los que crean
leyes de gran responsabilidad para sociedad tienen menos requisitos que los
maestros, ahora comprendemos porqué estamos entrampados a la hora de elegir
comisiones.
Lo mismo ocurre para elegir alcaldes, prefectos, concejales,
juntas parroquiales, requisitos mínimos, la resultante son elegidas personas en
la mayoría de los casos con limitados conocimiento y experiencia que no les
permite diferenciar entre los positivo y negativo para la sociedad.
Vivimos en una sociedad donde los políticos crean leyes a
conveniencia de ellos, no de la gran mayoría, permitida por una sociedad
dormida, desesperada por sobrevivir y entretenida con el fútbol, que cada día
lee menos, complementada con esta pandemia donde se ha permitido que todos los
alumnos pasen de curso, aunque no hayan asistido más que un 10% a clases
virtuales.
La Asamblea Nacional el año 2020 requirió de 67 millones
para operar, y se quejan que no tiene espacio para trabajar cómodamente y
solicitan nuevas edificaciones.
Debería reducirse a un asambleísta por provincia y uno por
cada doscientos mil habitantes más, es escandalosa la cifra de asambleístas en nuestro país para la poca efectividad, muchos pasan escarbando leyes de otros
países y no escudriñan en la realidad nuestra.
Desde que la provincia de Santa Elena tuvo la oportunidad de
elegir asambleístas, ninguno de la larga lista ha logrado algo por los
peninsulares contrario a lo que hacen los amazónicos.
Algunos de los asambleístas nuestros han sido noticia por su
participación en otros ámbitos que como legisladores.
Hoy 3 asambleístas Noboa, Mera y Aquino se presentan
polémicos a pretexto de servir a la ciudadanía, esperemos que hagan algo por la
provincia, no sea que deseen este cargo para abandonarlo luego y ambiciosamente
optar por otros donde se maneja fondos públicos.
Se inicia una nueva asamblea que hereda una que feneció con escasa credibilidad, ojalá esta eleve esa imagen con méritos y leyes a favor de los ciudadanos