Luego de haber escuchado los alegatos de clausura por parte de las partes procesales, y sus respetivas réplica y contraréplica, el Tribunal de Garantías Penales que conoce la causa por presunto lavado de activos contra la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol L., dos ciudadanos más y siete personas jurídicas, suspendió la audiencia y entró en etapa de deliberación.
Durante cinco jornadas, varias de ellas que se extendieron por más de 12 horas, la Fiscalía General del Estado presentó ante los jueces las pruebas periciales, testimoniales y documentales con las cuales sustentó su teoría del caso, en la que ofreció probar la responsabilidad de los procesados en el delito de lavado de activos, ya que habrían obtenido, de forma irregular, contratos por aproximadamente 91,1 millones de dólares, entre 2008 y 2018.
Los procesados habrían creado una fachada, utilizando las personas jurídicas constituidas por ellos, para colocar dinero en el sistema financiero nacional. Esos fondos habrían sido transferidos entre las empresas, simulando que provenían de proveedores y clientes, sin que se haya podido determinar la existencia de los mismos.
Posteriormente, las defensas de María Sol L., su esposo, Marcelo E.; su cuñado, Carlos E.; y las siete personas jurídicas, presentaron sus pruebas de descargo.
Los testimonios, pericias y documentos presentados informaron al Tribunal que las empresas creadas por los procesados tuvieron como principal cliente al IESS, seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública, durante el tiempo en que María Sol L. desempeñaba altos cargos directivos en el sector público.
Este juicio inició el 11 de noviembre pasado en el Complejo Judicial Norte, en Quito, ante un Tribunal Penal de Pichincha, mismo que se encuentra en una etapa de deliberación permanente. Los magistrados señalaros que la reinstalación será el lunes 30 de noviembre, a las 19:00, para dar a conocer su resolución.
Este caso es procesado con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos con una pena privativa de libertad de uno a trece años, dependiendo de los montos que hayan sido lavados.
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