Esta tarde, en audiencia de procedimiento abreviado, el juez Marco Rodríguez sentenció a una pena privativa de libertad de 50 meses al exasambleísta Daniel M.; de 40 meses, a Jennifer C., Ángel A. y José S.; y, de 34 meses, a Edmundo T., Jean Carlos B., Franklin C. y José V., como autores del delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Además, el Magistrado dispuso, como reparación integral a la víctima (el Estado), el pago de 8’000.000 de dólares, que se dividirá entre todos los sentenciados en esta causa.
En el fallo también se ordena que Daniel M., Jennifer C., Ángel A. y José S. cancelen una multa de 10 salarios básicos unificados, mientras que Edmundo T., Jean Carlos B., Franklin C. y José V. paguen 4 salarios básicos unificados.
Al inicio de la audiencia, los ocho procesados consintieron la aplicación de este procedimiento y admitieron el hecho que se les atribuye, según lo determina el artículo 635 del COIP.
En la audiencia participó la Dra. Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, quien mencionó que los hechos ocurrieron en el periodo 2019-2020, en las provincias de Pichincha y Manabí.
Dijo que esta estructura organizada estuvo conformada por funcionarios públicos como Daniel M., Edmundo T., Jennifer C., Ángel A. y Jean Carlos B., quienes prestaban sus servicios en la Asamblea Nacional y en el Secob; y, por personas particulares como Franklin C. y José V.
Según Fiscalía, estos ciudadanos, de forma permanente, planificaban y dirigían actividades ilícitas utilizando mecanismos como la contratación pública, la recaudación de dinero por parte de las agencias de tránsito y la utilización del sistema financiero nacional para dar la apariencia de legalidad al dinero obtenido de manera ilícita.
Esta estructura se encontraba debidamente organizada, a través de la distribución de roles determinados. Los líderes de la organización, desde la Asamblea Nacional, gestionaban cargos en varias instituciones públicas.
Además, designaban a miembros de la estructura en puestos directivos y en comisiones técnicas para la adjudicación de contratos a las empresas cuyos representantes formaban parte de la organización, entre ellos, el contrato de construcción del Hospital Básico de Pedernales de 30 camas, por un monto aproximado de 16’000.000 de dólares, suscrito con el Consorcio Pedernales.
Fiscalía fundamentó su acusación en más de 70 elementos de convicción –que por el estado procesal se convirtieron en pruebas–. Entre las principales constan: los testimonios anticipados de los procesados, un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, en el que se analiza el proceso de adjudicación del contrato de construcción del Hospital de Pedernales al Consorcio Pedernales.
Así también peritajes de llamadas telefónicas entre los procesados, una pericia practicada a los equipos informáticos incautados en el operativo Fortuner 1, en los que consta un documento con ingresos y egresos de la cuenta del Consorcio Pedernales, el informe de la pericia practicada a un computador en el que se encontró un archivo donde se detallan los valores de egresos mediante cheques pertenecientes a la Obra Hospital de Pedernales, entre otros.
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