En tres exámenes especiales la Contraloría ha auditado la construcción, fiscalización, mantenimiento y operación de planta de gas natural de Bajo Alto. Los informes dan cuenta de fallas constructivas que han obligado a paralizarla varias veces, generando pérdidas superiores a los USD 33 millones. La planta ha trabajado a un cuarto de su capacidad, en condiciones inseguras y nada eficientes.
Inició operaciones en noviembre de 2011. Hasta julio de 2012 despachó mensualmente un promedio de 40 TMD, que corresponden al 20 % de su capacidad nominal, generando pérdidas por USD 10’062.240 al Estado.
Los problemas impidieron que Petroecuador reciba provisionalmente la obra a la compañía Ros Roca Indox Cryo Energy. El contratista no elaboró un diseño adecuado a las condiciones y características del terreno, afectado por una falla geológica que provoca asentamientos.
No cumplió con las especificaciones técnicas durante la cimentación, presentándose problemas en las losas, estructuras y daños en tuberías e instalaciones, que ponen en riesgo su integridad y provoca falta de soporte, deflexión y desalineamiento en las líneas de gas.
Tampoco brindó mantenimiento oportuno, ni operó la maquinaria aplicando los manuales y guías autorizadas por los fabricantes de los equipos. Las actividades no se realizaron en apego a las características y funcionalidades de los sistemas, por lo que se determinó el incumplimiento de la responsabilidad contractual valorada en USD 14’321.751.
Por su parte, los funcionarios de Petroecuador no verificaron ni exigieron el cumplimiento de estos parámetros, ni solicitaron la elaboración de planes de mantenimiento oportunos y procedimientos de operación técnicos regulados.
‘Bajo alto’ funciona sin permiso de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). Hasta la fecha de corte de la última auditoría (31 de diciembre de 2018) transcurrieron 1.841 días sin que el recinto de licuefacción de gas obtenga la autorización para operar del ente regulador, ni cumpla con los parámetros de diseño.
En 2013, la ARCH estableció como plazo un año para que Petroecuador ajuste las instalaciones a lo dispuesto en la normativa técnica y legal. También conformó un comité de intervención, con 5 funcionarios de la ARCH, que realizó la inspección in situ para precisar el nivel de deterioro en las instalaciones.
Detallaron que las losas perimetrales de los tanques de almacenamiento de gas licuado tienen fallas y fisuras, hundimientos de hasta ocho centímetros, desniveles que generan esfuerzos entre equipos y tuberías, ausencia de aislamiento térmico en el intercambiador de calor, corrosión en pernos, tuercas y acoples de los equipos.
El reporte indica fugas de aceite y refrigerante, mangueras rotas y presencia de agua en el cuarto de generadores. En la estación medidora se regulaba manualmente un eje roscado para compensar variaciones en la posición de las tuberías debido a los hundimientos.
Entre abril y julio de 2014 la planta se paralizó por 26 días para realizar los trabajos de remediación. La detención de actividades produjo pérdidas por USD 115.448 y riesgos de averías y disminución de la vida útil de la maquinaria.
El 11 de julio de 2014 la compañía constructora del proyecto -Ros Roca Indox Cryo Energy-, obligada a entregar la planta de 200 TMD, con una vida útil de 20 años, suspendió la remediación. El 2 de marzo de 2015 Petroecuador declaró la terminación unilateral del contrato.
Ese año el gerente general de la empresa estatal declaró en emergencia a la infraestructura e inició la reparación general en las áreas civil, mecánica y eléctrica, de instrumentación y control. Para garantizar la seguridad y operación plena de la planta, se solicitó su mantenimiento.
A pesar de esto, Contraloría indica que las autoridades de Petroecuador no han implementado soluciones definitivas para remediar las condiciones del suelo. La planta sufre paralizaciones frecuentes para realizar adecuaciones y correctivos.
Sobre el estado actual del proyecto, los auditores afirman que el suelo sigue consolidándose bajo la infraestructura. Hasta diciembre de 2018 (fecha de corte del examen especial) se reportaron desplazamientos de entre 1 y 4 cm., que afectan equipos, tuberías e instalaciones.
La planta de desmineralización de agua de enfriamiento no opera desde 2014, lo que incide en la calidad del líquido que circula en los equipos. A ciertas temperaturas produce corrosión elevada e incrustaciones minerales, disminuyendo la eficiencia y capacidad productiva.
El examen concluyó que no se cumplió el objetivo de la declaratoria de emergencia, aunque se suscribieron contratos bajo esta figura por más de USD 31 millones. El gerente de Transporte deberá establecer el estado actual de la planta, proponiendo acciones para su rehabilitación integral. La máxima autoridad de Petroecuador deberá decidir el alcance de la intervención.
La planta se diseñó para transformar 200 toneladas de gas, provenientes del campo Amistad (Golfo de Guayaquil), a su estado líquido. Este proceso permite reducir 600 veces su volumen, facilitando el transporte marítimo. Las instalaciones, ubicadas en El Oro, le costaron al Estado ecuatoriano USD 49’268.000. FUENTE: CONTRALORIA
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