El Consejo de la Judicatura (CJ) solicitará a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial, respecto de la legalidad de la obtención de carnés de discapacidad por parte de los servidores de la Función Judicial.
La solicitud se realizará en consideración de que el Ministerio de Salud Pública, no proporcionó información completa sobre este tema, pese a las insistencias realizadas por el CJ.
Este martes 29 de septiembre de 2020, el Pleno del CJ conoció un informe de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión y de la Dirección Nacional Jurídica, en el que se ratifica que, hasta la fecha, la mencionada cartera de Estado solo ha remitido datos parciales correspondientes a 98 jueces que registraron su condición de discapacidad.
De ellos, 37 sí cumplen con la documentación requerida, mientras que 58 casos ingresaron a verificación ya que no cumplían con los parámetros establecidos en la Ley y por lo tanto, sus expedientes debían ser revisados; y, tres no estaban registrados en el Sistema de Información en Línea (SIL).
Los resultados del proceso de verificación, que debían ser efectuados por el Ministerio de Salud, aún no fueron remitidos al CJ, por lo que no ha sido posible continuar con las acciones administrativas correspondientes para esos casos específicos.
El primer eje de gestión del CJ es la Lucha contra la corrupción y en esa línea, promueve acciones que garanticen la transparencia en la actuación de los servidores judiciales. Cualquier acto que atente contra la ética de la Función Judicial será sancionado en el marco del debido proceso y de acuerdo con la normativa vigente.
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