La Dra. Ruth Palacios, Fiscal General del Estado (S) formuló cargos contra Fernando A., exsecretario Nacional de Comunicación por su presunta participación en el delito de peculado. La jueza nacional Silvia Sánchez, acogió el pedido de la Fiscalía y le impuso al procesado la prohibición de salida del país, la presentación periódica cada 15 días, (desde el próximo 24 de agosto ante el Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas) y, el uso del dispositivo de vigilancia electrónico, que le fue colocado al término de esta audiencia.
En una diligencia que comenzó a las 00:00 de este jueves 9 de agosto y que aproximadamente duró una hora, la Dra. Palacios formuló cargos contra Fernando A. con base en un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado.
En este informe se evidenciarían contrataciones irregulares para la preproducción y montaje de enlaces ciudadanos, de una persona que no cumplió con los requisitos mínimos para realizar esta actividad (ostentaba un título de bachiller con especialidad Químico Biólogo), así como la contratación de la productora Gota Azul -cuyo gerente general Carlos Bravo, es hermano de Marco Antonio Bravo Segovia que en ese tiempo fue Subsecretario de Medios de la Secretaria Nacional de Comunicación, Secom- para la realización de documentales, cadenas, reportajes y, de la productora Satré para la realización de una consultoría que mejore la producción de las denominadas sabatinas que se realizaron durante el gobierno de Rafael C. Se estima que el perjuicio económico al Estado sería de USD 250 000.
Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía están las versiones de extrabajadores de la Secom, quienes mencionaron que Fernando A., máxima autoridad de la institución entre el 1 de junio y el 24 de mayo de 2017, delegó a sus funcionarios más cercanos la realización de las contrataciones de los productos antes señalados.
El delito de peculado, que atenta contra la administración pública, está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 13 años.
La instrucción fiscal durará 90 días.
Dato:
Fernando A., quien estaba en Manta, llegó a la Fiscalía General del Estado pasadas las 16:00, lo hizo vía terrestre acompañado por la Policía Nacional. En tres ocasiones se negó a rendir su versión libre y voluntaria sobre los hechos que se investigan.
FUENTE. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Follow @laprimeraec
